Por Enrico Colombres. 

“No quiero favores en perjuicio de mi país; este ha de ser libre a pesar del mundo entero.” 

General Martín Miguel de Güemes. La expresó en una comunicación dirigida al general realista Pedro Antonio de Olañeta, fechada el 22 de septiembre de 1816, cuando intentaban quebrar su resistencia y apartarlo de la causa de la independencia. Tomo VI, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, pp. 133-134. Carta de Martín Miguel de Güemes a Pedro Antonio de Olañeta, 22 de septiembre de 1816.

Nos están quitando la Argentina delante de nuestros propios ojos y buena parte de la sociedad todavía actúa como si nada estuviera pasando. No hace falta una invasión atravesando la frontera ni soldados ocupando las plazas. La entrega puede realizarse desde los despachos oficiales como estamos viendo, mediante acuerdos reservados, privatizaciones, concesiones prolongadas, endeudamiento, subordinación tecnológica y decisiones internacionales adoptadas sin consultar al pueblo. Podemos despertar dentro de algunos años y descubrir que el país continúa apareciendo completo en los mapas, pero que sus tierras, sus recursos, sus puertos, su información y sus decisiones fundamentales ya pertenecen a otros.

El problema no es solamente económico. Lo que está en discusión es la existencia misma de Argentina como nación soberana. Un país deja de ser plenamente independiente cuando pierde la capacidad de decidir qué hacer con sus recursos, quién controla su territorio, qué empresas manejan la información de sus ciudadanos y en qué conflictos internacionales participa. La bandera puede seguir flameando y el himno puede continuar entonándose, pero si las decisiones estratégicas se toman en función de intereses externos, la soberanía se convierte en una ficción.

La reciente presencia en nuestro país del cofundador de Palantir y su reunión con el presidente argentino deberían haber provocado un debate público mucho más profundo. No se trata de cuestionar a una persona por su nacionalidad, su riqueza o su actividad empresarial. Se trata de comprender qué representa la compañía tecnológica que ayudó a crear y por qué su acercamiento al poder político argentino merece atención.

Palantir desarrolla sistemas destinados a reunir, cruzar y analizar cantidades inmensas de información. Sus productos son utilizados por organismos gubernamentales, fuerzas armadas, agencias de inteligencia y estructuras de seguridad. Estas herramientas permiten relacionar movimientos financieros, comunicaciones, ubicaciones, vínculos personales, antecedentes y comportamientos de millones de individuos. La reunión entre su cofundador y el presidente argentino fue públicamente confirmada en abril de 2026.

En el siglo XXI, los datos son tan estratégicos como el petróleo, el gas, el litio o el agua. Quien controla la información de una sociedad puede conocer sus debilidades, anticipar conflictos, analizar movilizaciones, identificar dirigentes y ejercer una enorme influencia sobre la vida política. Una tecnología creada para combatir delitos también puede ser utilizada para vigilar opositores, perseguir organizaciones sociales o condicionar procesos electorales.

Por eso, cualquier posible vínculo entre el Estado argentino y empresas dedicadas al análisis masivo de datos debería ser informado públicamente. La sociedad tiene derecho a saber si existen negociaciones relacionadas con seguridad, defensa, migraciones, control fronterizo o administración de información personal. Estos asuntos no pueden quedar reducidos a una reunión privada entre un presidente y un empresario extranjero.

La soberanía tecnológica ya no es un concepto reservado a especialistas. Si los sistemas informáticos del Estado, las comunicaciones oficiales, las bases de datos, los mecanismos de identificación y las plataformas de seguridad quedan bajo dependencia extranjera, Argentina podría ser condicionada sin necesidad de una intervención militar. Bastaría con retirar licencias, bloquear servicios, cerrar cuentas o interrumpir el acceso a determinados programas.

El caso del juez Nicolas Guillou demuestra que esta forma de castigo ya existe. El magistrado de la Corte Penal Internacional intervino en la decisión que autorizó una orden de detención contra el primer ministro israelí y un exministro de Defensa por presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Gaza. Como respuesta, el Gobierno estadounidense sancionó al juez y a otros integrantes del tribunal.

Las sanciones no consistieron solamente en una declaración política. El juez quedó expuesto a restricciones financieras y a dificultades para relacionarse con bancos, plataformas de pago y empresas vinculadas directa o indirectamente con el sistema económico estadounidense. Su caso muestra que actualmente una persona puede ser aislada de una parte importante de la vida económica y digital sin que exista una condena dictada por un tribunal de su país.

Si semejante presión puede ejercerse sobre un juez de un organismo internacional, resulta legítimo preguntarse qué podría ocurrir con una nación dependiente de tecnologías, servicios financieros y plataformas extranjeras. Un Estado que entrega las herramientas con las que administra su información también entrega una parte de su capacidad de resistencia.

A este escenario se suma el alineamiento cada vez más profundo del Gobierno argentino con el Estado de Israel y los Estados Unidos. En abril de 2026, la Cancillería argentina anunció oficialmente los denominados Acuerdos de Isaac, presentados como un marco de cooperación entre Argentina, Israel y otros países afines en materia política, económica, tecnológica y de seguridad. El documento menciona expresamente la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

Argentina tiene derecho a mantener relaciones con todos los países. La cooperación internacional puede aportar conocimientos, inversiones y oportunidades. Sin embargo, una cosa es relacionarse con otras naciones desde una posición soberana y otra muy diferente es adoptar automáticamente sus prioridades estratégicas.

La política exterior argentina no puede fundarse en afinidades personales o ideológicas. Tampoco debería convertir al país en participante de enfrentamientos que no controla. Cuando se incorporan agendas extranjeras de defensa, inteligencia y seguridad, también se importan enemigos, riesgos y posibles represalias.

Nuestro país sufrió dos atentados que provocaron muerte, dolor y una herida colectiva todavía abierta. Precisamente por esa experiencia, las decisiones relacionadas con terrorismo e inteligencia deberían adoptarse con máxima prudencia institucional. La seguridad nacional no puede depender de acuerdos opacos ni de la intervención sin control de servicios extranjeros.

La comparación con Palestina debe realizarse con responsabilidad. Argentina no vive la ocupación, el desplazamiento, los bombardeos ni la destrucción que padece la población palestina. Las realidades no son idénticas y equipararlas de manera literal sería injusto. Pero Palestina ofrece una advertencia histórica que ningún pueblo debería ignorar. La pérdida del territorio puede producirse progresivamente, mediante hechos consumados que avanzan mientras el derecho internacional discute y la comunidad mundial observa.

Un mapa no cambia únicamente después de una guerra. También puede modificarse mediante la adquisición masiva de tierras, la creación de enclaves económicos, la entrega de puertos, el control de las fuentes de agua, la privatización de los recursos naturales y la instalación de estructuras privadas con facultades superiores a las del propio Estado.

Argentina conserva formalmente una legislación que establece límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. La normativa fija un máximo general del quince por ciento y determina restricciones especiales según la nacionalidad y la extensión de las propiedades. Sin embargo, durante los últimos años se impulsaron modificaciones y proyectos destinados a flexibilizar esas limitaciones, generando una discusión que continúa abierta en el Congreso.

La discusión no puede reducirse a estar a favor o en contra de las inversiones. El problema aparece cuando el capital extranjero obtiene el dominio de regiones estratégicas, cursos de agua, zonas fronterizas o territorios cercanos a recursos naturales fundamentales. Una inversión puede retirarse. La tierra, en cambio, permanece.

Argentina posee una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, enormes extensiones de tierras productivas, litio, cobre, gas, petróleo, biodiversidad, pesca y una plataforma marítima de extraordinario valor. También cuenta con una posición decisiva hacia la Antártida y mantiene una disputa histórica por las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido.

Cada puerto entregado, cada yacimiento explotado sin industrialización nacional y cada territorio adquirido sin controles adecuados puede condicionar el futuro del país. No son operaciones aisladas. En conjunto, pueden construir una Argentina fragmentada, dependiente y administrada desde intereses que no responden a sus habitantes.

El peligro no tiene una religión, una raza o una nacionalidad determinada. Este debate no debe transformarse en antisemitismo, islamofobia ni persecución de comunidades extranjeras. La responsabilidad corresponde a los gobiernos, las corporaciones, los fondos económicos y las estructuras de poder que toman decisiones. Confundir a los pueblos con sus dirigentes solamente genera odio y evita discutir el verdadero problema.

El pueblo argentino necesita despertar, pero no para buscar enemigos entre sus vecinos. Debe despertar para exigir información, transparencia y participación. Todo acuerdo sobre inteligencia, seguridad, defensa, recursos naturales o territorio debería ser conocido por el Congreso y por la sociedad antes de producir consecuencias irreversibles.

También resulta necesario fortalecer las universidades, la ciencia, la industria nacional, las empresas públicas estratégicas, las Fuerzas Armadas bajo conducción democrática y los organismos de control. Sin conocimiento propio, producción nacional y capacidad tecnológica, la independencia es solamente una palabra escrita en los discursos oficiales.

Votar cada cuatro años tampoco es suficiente cuando las decisiones más importantes se adoptan sin debate. Un gobierno dura un período limitado, pero puede firmar contratos y concesiones que comprometan al país durante décadas. Cuando esas decisiones afectan tierras, minerales, agua, energía o información, los argentinos que todavía no nacieron también pagarán sus consecuencias.

Todavía estamos a tiempo de impedir que se diseñe un nuevo mapa de Argentina. Pero no podemos seguir observando pasivamente cómo se ofrecen sus recursos y se subordinan sus decisiones. La pérdida de la soberanía comienza cuando una sociedad deja de preguntar quién controla lo que le pertenece.

Quizás el mayor peligro no sea que algún día una potencia anuncie formalmente la división de nuestro territorio. El verdadero peligro es que esa división ya se encuentre en marcha mediante contratos, concesiones, sistemas tecnológicos, endeudamiento y áreas económicas controladas desde el exterior.

Argentina puede desaparecer sin desaparecer del mapa. Puede conservar su nombre mientras pierde el contenido real de su independencia. Cuando finalmente comprendamos lo que ocurrió, quizás sigamos llamando patria a un territorio que ya no podremos gobernar.

El momento de despertar no es mañana. Es ahora. Porque la soberanía que no se defiende termina siendo administrada por otros, y el territorio que se entrega difícilmente regresa a las manos del pueblo.