Por Fernando Crivelli Posse.

“La política comienza a degradarse cuando deja de servir a los ideales y empieza a apropiarse de ellos; entonces la patria se convierte en consigna, la justicia en pertenencia y la libertad en una palabra cuyo significado depende de quién la pronuncie.”

Existe una forma particularmente eficaz de dominación política que no necesita prohibir ideas: basta con apropiarse de ellas. Tomar aspiraciones humanas anteriores a cualquier partido —libertad, justicia, igualdad, trabajo, dignidad, solidaridad, patria—, asignarles una identidad política determinada y convencer a una parte de la sociedad de que defenderlas supone necesariamente pertenecer a quienes dicen representarlas.

El mecanismo resulta extraordinariamente poderoso porque opera sobre sentimientos legítimos. Pocas personas podrían estar en contra de una sociedad más justa, del reconocimiento del trabajo, de la protección de los débiles, de la libertad individual o del bienestar general. El conflicto aparece cuando esos principios dejan de presentarse como patrimonio común y comienzan a funcionar como marcas de pertenencia.

Entonces ocurre una transformación casi imperceptible: ya no discutimos qué significa la justicia, sino quién puede invocarla; dejamos de preguntarnos cómo ampliar la libertad y comenzamos a identificar quién supuestamente la representa; incluso la patria, que debería contener nuestras diferencias, termina utilizada como frontera para determinar quién merece formar parte de ella.

Los valores universales adquieren propietarios.

Y cuando un valor adquiere propietario político, también adquiere adversarios artificiales. Quien cuestiona al movimiento que se atribuyó la justicia puede terminar presentado como enemigo de la justicia; quien discute la interpretación de la libertad aparece como contrario a la libertad; quien objeta una determinada concepción del interés nacional corre el riesgo de ser acusado de actuar contra la Nación.

La política deja entonces de organizar diferencias y comienza a colonizar el lenguaje moral de la sociedad.

No siempre fue necesario construir doctrinas complejas para comprender aquello que hace posible una comunidad. Hace dos siglos, lejos de la Argentina y apartado ya de las grandes campañas militares, José de San Martín escribió para su hija Mercedes una serie de máximas destinadas a orientar su educación. No redactó un programa de gobierno. Tampoco intentó construir una ideología. Escribió algo aparentemente mucho más modesto y, quizás, bastante más difícil: un código para formar el carácter.

Amor a la verdad y odio a la mentira. Respeto por la propiedad ajena. Caridad con los pobres. Capacidad para guardar un secreto. Respeto hacia las religiones. Sencillez. Desprecio por el lujo. Amor por la patria y por la libertad.

Dos siglos después seguimos discutiendo, bajo nombres nuevos, buena parte de aquellos mismos principios.

Y acaso allí se encuentre una de las paradojas más reveladoras de nuestra política: hemos multiplicado las doctrinas sin conseguir mejorar proporcionalmente nuestras conductas.

La política moderna posee una extraordinaria capacidad para presentar como descubrimientos propios principios que pertenecen desde mucho antes al patrimonio moral de una comunidad. Ningún partido inventó la justicia. Ninguna ideología descubrió la dignidad del trabajo. Ningún dirigente posee derechos exclusivos sobre la libertad, la solidaridad o la patria. Pueden existir —y necesariamente existen— enormes diferencias acerca de los medios para realizarlos. Precisamente allí debería comenzar la política.

El problema aparece cuando dejamos de distinguir los fines que compartimos de los instrumentos que discutimos.

Una persona puede defender la justicia social y cuestionar una política diseñada en su nombre. Puede amar la libertad y considerar insuficiente determinada concepción de ella. Puede defender el trabajo sin adherir a quienes dicen representarlo. Puede sentir un profundo compromiso con su país sin aceptar que alguien determine de qué manera debe demostrarlo.

Esa distinción requiere algo que ninguna democracia puede dar por supuesto: educación y criterio propio.

Un ciudadano insuficientemente formado en historia, instituciones y educación cívica queda especialmente expuesto a una operación elemental: confundir un valor con quien afirma encarnarlo. A partir de allí ya no necesita evaluar resultados, contradicciones ni conductas. Le alcanza con reconocer símbolos. La reflexión es reemplazada por la identificación y la convicción por la pertenencia.

La consecuencia trasciende cualquier elección. Cuando las personas incorporan los valores a través de identidades cerradas, comienzan a interpretar la realidad desde esas identidades. Aquello que debería unirlas termina separándolas. Dos ciudadanos pueden desear una sociedad más justa y, sin embargo, considerarse enemigos porque aprendieron que la palabra justicia pertenece a universos políticos incompatibles.

La división ya no ocurre sobre las soluciones. Ocurre sobre valores que, en realidad, ambos comparten.

Allí reside una de las grandes distorsiones de nuestra cultura política. Hemos permitido que aquello que debería constituir un suelo común se convierta en territorio partidario. Y después nos sorprendemos cuando resulta imposible construir acuerdos elementales.

Las Máximas de San Martín sugieren exactamente el camino inverso. Antes de la doctrina aparece la persona; antes de la pertenencia, el carácter; antes de reclamar derechos sobre los grandes conceptos, una educación capaz de enseñar verdad, respeto, austeridad, responsabilidad, patria y libertad.

Hay una enorme diferencia entre enseñar qué pensar y enseñar a pensar. Lo primero fabrica seguidores; lo segundo forma ciudadanos.

Quizás por eso la educación cívica resulte mucho más incómoda para el poder de lo que habitualmente suponemos. Un ciudadano educado puede compartir un ideal sin entregar a nadie su interpretación exclusiva. Puede acompañar una política hoy y rechazarla mañana sin sentir que ha traicionado su identidad. Puede reconocer una buena decisión en alguien a quien no votaría y señalar una injusticia cometida por alguien a quien sí votó.

Ese ciudadano resulta difícil de manipular precisamente porque sus principios no dependen de su pertenencia.

La Argentina no necesita inventar nuevos valores cada veinte años. Necesita recuperar la capacidad de reconocer aquellos que la preceden y comprender que ninguna generación, gobierno, partido o dirigente puede apropiárselos.

La libertad no tiene dueño. La justicia tampoco. El trabajo, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la patria y el bienestar general pertenecen a todos precisamente porque no pertenecen exclusivamente a nadie.

Tal vez la verdadera renovación política comience el día en que dejemos de preguntarnos qué bandera representa nuestros valores y volvamos a preguntarnos algo bastante más exigente: si nuestra conducta está a la altura de los valores que decimos representar.

San Martín escribió principios para educar a una niña. Dos siglos después seguimos necesitando recordar aquello que contenían: antes de formar partidarios hay que formar personas, y antes de pedirles que elijan quién debe gobernarlas, hay que enseñarles a pensar para que nadie pueda hacerlo en su lugar.

Una democracia alcanza su madurez cuando sus ciudadanos dejan de recibir sus valores de la política y comienzan a exigir que sea la política la que responda ante ellos.

Continuará…