Por Fabricio Falcucci.
Los condenados por delitos de lesa humanidad tienen derechos. La afirmación puede incomodar, aunque el derecho empieza muchas veces donde terminan las respuestas fáciles. La gravedad de un crimen no borra la dignidad de quien lo cometió ni habilita al Estado a convertir la prisión en tormento. Las cárceles deben ser sanas y limpias para todos. Incluso para quienes construyeron centros clandestinos donde ninguna de esas palabras conservaba significado.
La Acordada 21/2026 de la Corte Suprema no liberó a ningún represor. Ordenó al Cuerpo Médico Forense elaborar un protocolo para evaluar la salud de las personas detenidas, sus condiciones de alojamiento y las posibilidades de tratamiento dentro de los establecimientos penitenciarios. Conviene comenzar por esa precisión. Sin ella, la crítica pierde rigor y queda reducida a una consigna.
La prisión domiciliaria tampoco es una libertad, sino una modalidad de cumplimiento de la pena. La ley permite solicitarla a partir de los setenta años, pero no la concede automáticamente. La edad habilita la evaluación judicial, no la reemplaza. La norma dice “podrá”. Entre esa palabra y la pretensión de convertir la vejez en excarcelación hay una distancia que ningún protocolo debería borrar.
El problema no es que los condenados por crímenes de lesa humanidad tengan los mismos derechos que cualquier persona sometida al poder punitivo del Estado. Aparece cuando una Corte debilitada interviene sobre un asunto de enorme sensibilidad histórica, en un contexto político marcado por el retroceso de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Las decisiones judiciales no ocurren en el vacío. Importan su contenido, su oportunidad y la autoridad de quien las adopta. También sus silencios. Una Corte que encuentra tiempo para sistematizar criterios capaces de facilitar prisiones domiciliarias no muestra la misma urgencia ante la demora de los juicios, la confirmación tardía de las condenas, la muerte de víctimas sin sentencia y la búsqueda todavía inconclusa de cientos de personas desaparecidas.
El antecedente de “Muiña” vuelve inevitable la desconfianza. En 2017, la Corte aplicó el beneficio del dos por uno a un condenado por delitos de lesa humanidad. Una multitud ocupó las calles y el Congreso sancionó una ley para cerrar la puerta que el tribunal había abierto. No hay identidad jurídica entre aquel fallo y la acordada actual. Uno alteraba el cómputo de la pena; la otra dispone la elaboración de un protocolo médico. Sin embargo, existe una semejanza institucional difícil de ignorar. Una decisión formulada en términos generales vuelve a proyectar sus consecuencias más delicadas sobre quienes participaron del terrorismo de Estado.
La acordada puede ser una herramienta razonable si permite determinar cuándo una enfermedad resulta incompatible con el encierro y no puede ser tratada en prisión. También podría volver casi automático aquello que la ley confió a la valoración prudente de cada juez, confundir edad avanzada con enfermedad o presentar como humanización de la pena lo que termine reduciendo su efectividad.
Hay una cuestión que no debería quedar fuera del análisis. La desaparición forzada es un delito permanente. No concluyó con el secuestro ni con el paso de los años. Continúa mientras no se establezcan la suerte y el paradero de la víctima. Muchos de los condenados que hoy reclaman consideración por su edad conservan información que permitiría encontrar cuerpos, reconstruir destinos y devolver nombres. El delito se prolonga también a través de ese silencio.
Esto no significa intercambiar la prisión domiciliaria por una confesión. Los derechos no son premios y el silencio no elimina la protección constitucional de la salud. Pero tampoco resulta irrelevante que el daño continúe. Al resolver, los tribunales deben considerar la posible afectación de investigaciones abiertas, el riesgo para víctimas y testigos, los antecedentes de incumplimiento y la capacidad real del Estado para controlar el arresto domiciliario.
La paradoja es demasiado visible. El paso del tiempo se invoca ahora en favor de quienes contribuyeron a prolongarlo mediante un pacto de silencio. Envejecieron los victimarios. También las madres, las abuelas, los hijos y los sobrevivientes. Muchos murieron sin saber dónde estaban sus familiares. La diferencia es que unos conocen parte de la respuesta y los otros todavía la esperan.
La humanidad del castigo no exige olvido. Exige proteger la salud de los condenados sin renunciar a la efectividad de las penas, a la continuidad de los juicios y a la búsqueda de los desaparecidos. Memoria, verdad y justicia nunca fueron sinónimos de venganza. Designaron una respuesta institucional que reemplazó la violencia por pruebas, defensas, audiencias y sentencias. Pocas democracias juzgaron sus propios crímenes con semejante apego a las garantías. Debilitar ese proceso no corrige un exceso. Deteriora uno de los consensos más valiosos construidos desde 1983.
La discusión conduce inevitablemente a la Corte Federal. El máximo tribunal funciona con tres integrantes que concentran la última palabra sobre conflictos constitucionales de una sociedad plural, desigual y mucho más compleja que la imagen reflejada por el Palacio de Tribunales. La legalidad formal de sus decisiones no resuelve su problema de legitimidad. Una institución puede conservar competencia y perder autoridad. Puede dictar sentencias obligatorias y dejar de persuadir.
La Corte arrastra antecedentes contradictorios, demoras difíciles de explicar y una integración incompleta que ya no debería naturalizarse. Su crisis no se resolverá agregando jueces afines al gobierno de turno ni sustituyendo una mayoría por otra. Renovarla exige incorporar juventud, conocimiento, pluralidad de género, diversidad territorial y trayectorias capaces de comprender la sociedad para la cual se administra justicia.
La juventud no garantiza independencia ni sensibilidad democrática. Pero una Corte sin renovación generacional corre el riesgo de administrar el presente con categorías agotadas. Conocer la sociedad tampoco significa seguir encuestas. Supone entender las transformaciones del trabajo, las nuevas desigualdades, las violencias persistentes, las demandas ambientales, el impacto tecnológico y la memoria colectiva de un país que hizo del “Nunca Más” una frontera democrática.
Completar el tribunal es una urgencia institucional y debería ser también una oportunidad. Hace falta discutir la selección de sus integrantes, la publicidad de sus antecedentes, la participación ciudadana, la diversidad de las nominaciones y los mecanismos de rendición de cuentas. No alcanza con cubrir vacantes. Es necesario reconstruir autoridad pública.
Esa renovación debe acompañarse con una decisión política clara. Los juicios por delitos de lesa humanidad necesitan recursos, continuidad y celeridad. Las sentencias deben llegar antes que la muerte de acusados, testigos y familiares. Los archivos deben abrirse. Las Fuerzas Armadas y de seguridad deben entregar la documentación disponible. El Estado tiene que profundizar la búsqueda de los desaparecidos y de los niños apropiados. Cada demora amplía la impunidad que el tiempo ya produjo.
Los condenados deben romper el pacto de silencio. Deben decir qué hicieron, quiénes participaron, dónde están los cuerpos y qué ocurrió con los niños apropiados. Después de medio siglo, callar no es solamente ocultar el pasado. Es prolongar el delito en el presente.
La Corte puede ordenar protocolos médicos y los jueces conceder domiciliarias cuando las circunstancias lo justifiquen. Lo que ninguna acordada debería hacer es convertir la edad en impunidad ni permitir que el lenguaje humanitario encubra el abandono de las políticas de memoria. Los derechos humanos alcanzan a todos. Precisamente por eso también protegen a las víctimas y a una sociedad que conserva el derecho a saber.
La democracia argentina necesita una Corte renovada, legítima y consciente del tiempo histórico que administra. Juicios que concluyan y condenas efectivas. Mientras eso no ocurra, la desaparición continúa. Y mientras continúe, el pasado seguirá ocurriendo.