Por Fernando Crivelli Posse.
“El futuro no espera a que una sociedad termine de resolver discusiones del pasado.”
Durante demasiado tiempo hemos discutido la política argentina como si las grandes preguntas del mundo permanecieran inmóviles. Estado o mercado, capital o trabajo, público o privado, izquierda o derecha continúan ordenando buena parte de nuestras conversaciones, como si las categorías con las que interpretamos el siglo XX pudieran explicar, sin demasiadas modificaciones, una realidad que está cambiando delante de nosotros a una velocidad extraordinaria. El problema no es que aquellas discusiones hayan perdido toda importancia, sino que el mundo ha comenzado a formular preguntas nuevas mientras nosotros seguimos intentando responderlas con vocabularios antiguos.
La inteligencia artificial ya modifica profesiones que hace apenas unos años parecían protegidas de la automatización; la robótica comienza a transformar tareas industriales y logísticas; la biotecnología altera las posibilidades de la medicina y de la producción de alimentos; la transición energética reorganiza inversiones, recursos naturales y relaciones geopolíticas; mientras tanto, nuevas plataformas de trabajo, formas de educación y modelos empresariales están modificando incluso aquello que durante generaciones entendimos por empleo, empresa, productividad y conocimiento.
Frente a semejante transformación, continuar preguntándonos solamente si hay demasiado o demasiado poco Estado resulta insuficiente. La discusión debería ser qué Estado necesitamos, qué capacidades debe poseer, qué funciones puede cumplir mejor y cuáles debe abandonar porque las realiza de manera costosa o ineficiente. Del mismo modo, ya no alcanza con discutir abstractamente si el capital es bueno o malo cuando el verdadero problema consiste en determinar cómo atraerlo, producirlo, orientarlo hacia actividades capaces de generar valor y evitar que se convierta simplemente en renta, privilegio o concentración improductiva.
Tampoco desapareció la cuestión del trabajo. Por el contrario, probablemente nunca haya sido tan importante. Pero defender al trabajador en el mundo que viene no puede significar únicamente preservar indefinidamente las formas laborales del mundo que dejamos atrás. Si una tecnología puede realizar en minutos aquello que antes demandaba horas, la pregunta social no debería ser solamente cómo impedir su utilización, sino qué nuevas capacidades necesitará quien realizaba esa tarea, cómo se distribuirán las ganancias de productividad y qué instituciones permitirán que la transformación no convierta al progreso tecnológico en exclusión.
Es allí donde el pensamiento político debería anticiparse.
Sin embargo, una parte de nuestra dirigencia continúa ofreciendo discusiones que parecen diseñadas para conservar identidades antes que para comprender transformaciones. Algunos hablan del mercado como si cualquier intervención pública fuera necesariamente una amenaza a la libertad; otros siguen describiendo al capital casi exclusivamente como una fuerza que debe ser contenida, como si la producción, la inversión y la innovación pudieran prescindir de él. Unos imaginan que la modernización resolverá por sí sola los problemas sociales; otros parecen creer que proteger aquello que existe constituye una política suficiente frente a un mundo que ya está cambiando.
Ambas simplificaciones tienen algo en común: permiten evitar la dificultad de pensar.
Pensar obliga a aceptar que determinadas respuestas que alguna vez funcionaron pueden haber dejado de hacerlo, que instituciones creadas para otra estructura productiva necesitan transformarse y que incluso ideas profundamente arraigadas deben someterse nuevamente a la realidad. Significa reconocer que un país puede proteger derechos laborales y, al mismo tiempo, necesitar empresas competitivas; puede garantizar protección social y exigir eficiencia al Estado; puede defender su producción nacional sin encerrarse frente al mundo y promover inversión privada sin convertir el interés empresarial en sinónimo automático del interés general.
Ese tipo de discusión exige abandonar la comodidad de los bandos.
Tal vez por eso resulta políticamente menos rentable. Las viejas categorías poseen una ventaja extraordinaria: ya tienen adversarios, consignas, símbolos y públicos definidos. Cada uno sabe qué debe decir y contra quién debe decirlo. Las nuevas preguntas, en cambio, todavía no tienen respuestas seguras y obligan a reconocer que quizá ninguno de los espacios tradicionales posea por sí solo las herramientas suficientes para resolverlas.
Mientras tanto, el mundo continúa avanzando.
Y ése es el punto que debería preocuparnos. Un país puede recuperarse de una mala administración económica, corregir una regulación equivocada o modificar una política pública que no produjo los resultados esperados. Mucho más difícil resulta recuperar décadas perdidas cuando una transformación productiva modifica las condiciones de competencia y otras sociedades ya construyeron las capacidades que nosotros recién comenzamos a discutir.
La educación constituye quizá el ejemplo más evidente. Durante años discutimos salarios docentes, presupuestos, contenidos y estructuras administrativas, todos temas importantes, pero todavía nos cuesta formular una pregunta más elemental: ¿para qué mundo estamos preparando a quien hoy entra a una escuela? Si dentro de diez o veinte años muchas tareas rutinarias serán realizadas por sistemas automatizados, una educación basada fundamentalmente en memorizar información habrá perdido buena parte de su sentido. Importarán cada vez más la capacidad de razonar, escribir, interpretar, crear, trabajar con otros y utilizar herramientas tecnológicas sin convertirse en dependientes intelectuales de ellas.
Algo parecido ocurre con la administración pública. La digitalización y la inteligencia artificial pueden reducir trámites, acelerar procedimientos, detectar irregularidades y permitir un control mucho más preciso del gasto. Pero una estructura política acostumbrada a medir poder por la cantidad de oficinas, cargos o intermediaciones puede percibir esas herramientas no como una oportunidad para mejorar al Estado, sino como una amenaza a las estructuras que aprendió a administrar.
Allí aparece nuevamente el problema del poder que venimos observando.
La resistencia al cambio no siempre nace de una convicción ideológica. Algunas veces nace de intereses perfectamente concretos. Toda transformación elimina intermediarios, modifica profesiones, altera jerarquías y vuelve innecesarias determinadas estructuras. Quien se beneficia del funcionamiento actual posee incentivos para explicar por qué modificarlo sería peligroso, mientras quien podría beneficiarse del nuevo todavía no existe, no está organizado o carece de representación política.
Por eso el futuro casi nunca tiene un lobby tan poderoso como el pasado.
Y allí reaparece también nuestra responsabilidad como ciudadanos. Si dejamos la discusión exclusivamente en manos de las mismas estructuras cuya supervivencia depende de mantener determinadas reglas, difícilmente podamos sorprendernos cuando esas reglas cambien demasiado lentamente. La ciudadanía que se retira no deja solamente espacios vacíos dentro de la política; también deja las decisiones sobre el futuro en manos de quienes tienen mayores incentivos para conservar el presente.
No necesitamos adoptar cada novedad como si el progreso tecnológico fuera una religión. La historia demuestra que toda innovación produce ganadores, perdedores y consecuencias inesperadas. La inteligencia artificial puede ampliar extraordinariamente nuestras capacidades y al mismo tiempo concentrar poder, destruir determinados empleos o crear nuevas formas de vigilancia. La tecnología no reemplaza a la política; hace que una buena política sea todavía más necesaria.
Pero para gobernarla primero debemos comprenderla.
Ese es quizá nuestro desafío intelectual más importante: abandonar tanto el entusiasmo ingenuo como el miedo automático frente a aquello que cambia. Una sociedad madura debería preguntarse qué oportunidades abre una innovación, qué riesgos genera, qué reglas necesita y cómo garantizar que sus beneficios puedan extenderse sin sofocar aquello que los produce.
Nada de eso puede resolverse repitiendo consignas heredadas.
Argentina posee recursos naturales, universidades, capital humano, capacidad científica, producción agroindustrial, energía y una cultura emprendedora suficiente para participar del mundo que viene. Lo que no posee es el derecho adquirido a hacerlo. Ninguna riqueza potencial garantiza prosperidad futura si las instituciones, la educación y la política permanecen organizadas para una realidad que dejó de existir.
Tal vez por eso nuestra discusión debería cambiar de eje. No preguntarnos solamente qué país heredamos ni quién es responsable de aquello que salió mal, sino qué país estamos construyendo para una realidad que no pedirá permiso para llegar.
El pasado merece ser comprendido, porque explica buena parte de lo que somos. Pero no puede transformarse en nuestra residencia permanente.
Mientras nosotros seguimos discutiendo qué país fuimos, otros ya están decidiendo qué lugar ocuparán en el mundo que viene.
Continuará…