Por Olivier Antoine.
Nunca la humanidad produjo tanto alimento. Las cosechas mundiales de cereales y oleaginosas alcanzan niveles que hace apenas una generación parecían fuera de alcance, los rendimientos siguen progresando en la mayoría de las grandes cuencas productivas y el comercio agroalimentario mueve volúmenes sin precedentes. Y sin embargo, el acceso a la alimentación nunca estuvo tan condicionado políticamente. Varios centenares de millones de personas permanecen en situación de inseguridad alimentaria, mientras los Estados importadores, incluso los más solventes, viven su abastecimiento como una fuente de inquietud estratégica.
Esta paradoja obliga a cambiar de mirada. La seguridad alimentaria dejó de ser un problema de producción para convertirse en un problema de potencia. Saber quién se alimenta, a qué precio y bajo qué condiciones ya no es algo que se resuelva en el campo ni en los laboratorios agronómicos. Se resuelve en el terreno de las rivalidades de poder sobre los territorios. Pensar la seguridad alimentaria del siglo XXI exige, por lo tanto, pensarla como una cuestión geopolítica de pleno derecho.
El hambre ya no es un problema de escasez
La inseguridad alimentaria contemporánea es, ante todo, una inseguridad de acceso. Los volúmenes disponibles a escala mundial bastarían para cubrir las necesidades calóricas del conjunto de la población del planeta. Lo que falla es la capacidad de ciertos países, de ciertas regiones y de ciertos hogares para acceder a esos volúmenes de manera estable. La carencia no procede de la naturaleza. Resulta de decisiones políticas, de rupturas logísticas, de conflictos armados, de devaluaciones monetarias y de dependencias construidas a lo largo de décadas.
Esta constatación tiene una consecuencia mayor. Si la inseguridad alimentaria es producida por decisiones y por relaciones de fuerza, abordarla con instrumentos exclusivamente agronómicos o humanitarios equivale a equivocarse de objeto. Aumentar los rendimientos sigue siendo necesario y asistir a las poblaciones en crisis sigue siendo un imperativo moral, pero ninguna de estas respuestas toca el núcleo del problema, que es geopolítico. El hambre de nuestro tiempo se concentra en los espacios donde el Estado se debilita, donde la guerra fragmenta los territorios y donde la dependencia exterior ya no puede ser compensada por la capacidad de pago.
El concepto de seguridad alimentaria, tal como fue formalizado a fines del siglo XX, conserva su utilidad descriptiva. Su lógica implícita, en cambio, pertenece a otra época: la de un mundo en el que el mercado, una vez corregidas sus imperfecciones, garantizaba el abastecimiento de quien pudiera pagar. Esta hipótesis ya no se sostiene.
El mercado, de garante a campo de batalla
Durante tres décadas, la interdependencia comercial fue presentada como la mejor protección contra la penuria. La especialización de cada región según sus ventajas comparativas y la profundidad de los mercados debían asegurar que ningún país carente de recursos agrícolas quedara expuesto. La interdependencia debía proteger. Hoy expone.
La crisis sanitaria de 2020, la invasión rusa de Ucrania en 2022, las perturbaciones del tránsito en el mar Rojo y la intensificación de la rivalidad entre China y Estados Unidos revelaron otra realidad. Los choques ya no se suceden, se superponen, y su acumulación produce una aceleración geopolítica que los mecanismos de mercado no alcanzan a absorber. En cada episodio, los Estados reaccionaron con los mismos reflejos: restricciones a la exportación, constitución de reservas estratégicas, búsqueda apresurada de proveedores alternativos, uso de los flujos como moneda de negociación. La mercancía agrícola volvió a ser un instrumento de poder.
El caso de la soja lo muestra con particular nitidez. La seguridad proteica de China, condición de la estabilidad de su producción porcina y, por extensión, de su paz social, reconfiguró en dos décadas la geografía productiva de América del Sur. Pekín diversificó deliberadamente sus orígenes, invirtió en la logística y en el comercio de granos, y supo convertir una dependencia en poder de comprador. Del otro lado, Europa descubrió tardíamente que su déficit en proteínas vegetales constituía también una vulnerabilidad estratégica.
El trigo del mar Negro ofrece la otra cara del mismo fenómeno. Rusia, primer exportador mundial, hizo de sus volúmenes una herramienta diplomática hacia África y Oriente Medio, mientras la apertura de los corredores ucranianos se negociaba como un asunto de seguridad internacional. Alimentarse supone hoy estar en posición de fuerza, o bien dentro de una alianza.
Más discreta, la vulnerabilidad se desplaza además hacia el inicio de las cadenas. Los fertilizantes dependen del gas y de un número reducido de países productores; las semillas, de una propiedad intelectual concentrada en pocas manos. A ello se suma el control de los puertos, de los estrechos y de las flotas. Un país puede disponer de tierras fértiles y de agricultores competentes y descubrir, en plena crisis, que no controla nada de lo que necesita para sembrar.
Los territorios que alimentan escapan a quienes dependen de ellos
Otra certeza se erosiona, la de una soberanía territorial que garantizaría el control de los espacios productivos. Las cuencas que alimentan al mundo se sitúan, en su mayoría, lejos de los mercados que dependen de ellas. Esta distancia, antes neutralizada por el comercio, se vuelve un factor de riesgo.
La Unión Europea encarna aquí una paradoja singular. Gran importadora de materias primas agrícolas tropicales, pretende regular las condiciones de su producción mediante normas de alcance extraterritorial, como el reglamento sobre la deforestación importada o la directiva sobre el deber de diligencia de las empresas. La ambición es legítima. Pero legislar sobre territorios que no se controlan conduce a confundir norma y potencia. La norma europea transforma poco los territorios de origen; transforma sobre todo la geografía de los flujos, desvía una parte de las producciones hacia mercados menos exigentes y encarece el abastecimiento europeo sin garantizar el resultado ambiental perseguido.
Al mismo tiempo, en varias regiones productoras la soberanía estatal retrocede frente a actores no estatales. En América Latina, organizaciones criminales ejercen un control creciente sobre cuencas agrícolas enteras, imponen sus condiciones a los productores, utilizan las cadenas de exportación como vectores logísticos y capturan una parte de la renta agrícola. Para el importador, el riesgo ya no se limita a la interrupción del flujo. Reside en la contaminación de su cadena de suministro por economías ilícitas, con consecuencias jurídicas y reputacionales que la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos agravó considerablemente.
El cambio climático debe comprenderse dentro de este marco. Más que una causa autónoma de la inseguridad alimentaria, actúa como un acelerador de las fracturas existentes. Allí donde el Estado es sólido y las cadenas diversificadas, una sequía es un choque. Allí donde el Estado es frágil y la dependencia estructural, la misma sequía se convierte en crisis.
La seguridad alimentaria como cuestión de voluntad
Las dotaciones naturales no hacen la potencia agrícola. La historia contemporánea abunda en países dotados de tierras extensas, de climas favorables y de saberes técnicos avanzados que nunca lograron convertir ese potencial en un instrumento duradero de seguridad ni de influencia. Lo que separa el potencial de la potencia es la constancia estratégica.
Una agricultura sometida a los ciclos políticos, a los cambios de orientación de cada gobierno y a la variación permanente de los impuestos a la exportación o de las reglas de acceso a los mercados permanece en estado de potencial. Los productores ajustan sus inversiones a un horizonte corto, los compradores extranjeros diversifican para cubrirse del riesgo político y el país pierde su capacidad de pesar en las negociaciones internacionales. La agricultura sólo se convierte en política de Estado cuando trasciende las alternancias y cuando la sociedad comparte una representación clara de lo que ella significa para la nación.
Inversamente, un Estado desprovisto de grandes recursos agrícolas puede construir su seguridad. La anticipación, la diversificación de los proveedores, la inversión en las cadenas de abastecimiento, la diplomacia alimentaria y la capacidad de leer los riesgos antes de que se materialicen constituyen otras tantas formas de poder. Varios países del Golfo y de Asia oriental lo han demostrado. La geografía ofrece condiciones; la seguridad alimentaria, en cambio, se construye.
Conclusión
La pregunta que estructuró el debate durante medio siglo consistía en saber si el mundo podría alimentarse. En términos de volúmenes, la respuesta es afirmativa y probablemente lo seguirá siendo. La pregunta que se impone ahora es otra: quién decidirá las condiciones en las que el mundo se alimenta. Detrás de cada flujo de granos, de cada norma de producción y de cada corredor logístico se juega una relación de fuerza.
La seguridad alimentaria se convierte así en uno de los nombres de la soberanía en el siglo XXI. Tratar el riesgo geopolítico como una variable exógena, que se padece y se gestiona a posteriori, ya no es una opción para los Estados, ni para las cadenas agroalimentarias, ni para quienes las financian. Debe situarse en el corazón de las decisiones, allí donde se piensa el largo plazo.