Por Enrico Colombres.

Cuando escribí «Crónica de una muerte anunciada», los acontecimientos que hoy sacuden a Paraguay todavía no habían alcanzado su dimensión política. Bastaron unos días para recordar que las crisis económicas rara vez terminan donde comienzan y que detrás de muchas decisiones financieras hay responsabilidades que exceden los balances de una institución.

El derrumbe de Ueno Bank, la inmovilización de los depósitos y la caída del presidente Santiago Peña dejaron al descubierto algo que los argentinos conocemos demasiado bien. Cuando el dinero desaparece, las explicaciones llegan tarde y los responsables suelen descubrir las virtudes de la intervención estatal. No fue un corralito generalizado como el argentino de 2001, pero para quienes quedaron sin acceso a sus ahorros la distinción difícilmente alcance para pagar las cuentas.

Lo ocurrido debería recordarnos que la ausencia de controles no garantiza libertad económica. Puede garantizar, en cambio, que los riesgos privados se conviertan en tragedias públicas. En la Argentina tenemos experiencia en trasladar pérdidas privadas al conjunto de la sociedad.

Existe otra crisis, menos visible en sus mecanismos y más profunda en sus consecuencias, que atraviesa nuestras democracias. En ella el dinero circula clandestinamente hasta encontrar su destino en empresas, campañas electorales, estructuras partidarias y funcionarios dispuestos a confundir sus intereses con los del Estado.

La narcopolítica dejó de ser una sospecha reservada a determinadas regiones latinoamericanas. Es una amenaza concreta para cualquier democracia que permita que el poder económico compre influencia institucional.

La reciente condena en Estados Unidos de Federico «Fred» Machado a seis años de prisión por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico vuelve inevitable esa discusión. La acusación por narcotráfico fue retirada mediante un acuerdo judicial: corresponde distinguirla de los delitos por los que fue condenado. Sus aportes a la campaña presidencial de José Luis Espert y la investigación argentina sobre esos fondos plantean una pregunta que ningún partido debería eludir.

¿Cuánto cuesta financiar una candidatura y quién está realmente pagando esa factura?

El dinero criminal no necesita necesariamente imponer un candidato propio. Le alcanza con financiar estructuras, abrir puertas, conseguir protección, adquirir respetabilidad y construir relaciones que mañana puedan traducirse en favores. La corrupción deja entonces de ser una desviación individual para convertirse en una forma de funcionamiento del poder.

Uruguay tampoco escapó a estas contradicciones. La expedición de un pasaporte a Sebastián Marset, tramitado por vía consular mientras estaba detenido en Dubái, provocó una crisis que alcanzó a las más altas autoridades del Gobierno. La investigación penal sobre la entrega del documento fue archivada, pero continuaron las controversias por el manejo de información y las actuaciones de los funcionarios.

El problema excede la determinación de un delito. También importa comprender cómo responden las instituciones ante intereses capaces de movilizar influencias extraordinarias.

Esa discusión obliga a revisar la política que venimos sosteniendo.

¿Por qué continuamos sosteniendo una política internacional contra las drogas que, después de décadas de persecución, no consiguió destruir los mercados ilegales que pretendía eliminar?

La prohibición no eliminó la demanda. Convirtió su abastecimiento en uno de los negocios clandestinos más rentables del planeta. El narcotráfico aprovecha precisamente esa combinación de consumidores persistentes, producción ilegal, enormes márgenes económicos y ausencia de mecanismos legítimos de resolución de conflictos.

La Argentina ya no puede describirse seriamente como un simple territorio de tránsito. Quizás nunca lo fue exclusivamente. Hoy existe un mercado interno consolidado, con consumidores de diferentes edades y condiciones sociales. El consumo problemático no reconoce fronteras de clase, aunque sus consecuencias castigan con mayor brutalidad a quienes tienen menos recursos para recibir asistencia.

¿Y si comenzáramos a discutir la regulación de determinadas drogas, incluida la cocaína?

La pregunta probablemente provoque rechazo antes de recibir una respuesta. Sin embargo, legislar sobre una realidad no significa celebrarla. Regular una sustancia peligrosa no implica recomendar su consumo, como tampoco ocurre al controlar medicamentos, alcohol o tabaco.

Uruguay ofrece una experiencia que merece estudiarse. La regulación del cannabis abrió vías legales de abastecimiento y permitió que parte de los consumidores accediera a la sustancia sin recurrir a redes criminales. No eliminó la criminalidad ni resolvió todos los problemas sanitarios, pero mostró que existen alternativas a la prohibición.

Portugal despenalizó en 2001 la tenencia de pequeñas cantidades de drogas para consumo personal, sin legalizar su comercialización. Suiza ofrece tratamientos estrictamente supervisados con heroína farmacéutica para personas con dependencia grave a esa sustancia. En Canadá, la experiencia de despenalización de pequeñas cantidades en Columbia Británica terminó el 31 de enero de 2026, cuando venció la exención y la provincia decidió no renovarla.

Son experiencias diferentes, con resultados y limitaciones que deben evaluarse sin convertirlas en dogmas.

Esas experiencias no equivalen a un mercado comercial nacional de cocaína para uso recreativo.

¿Significa eso que discutirlo resulta imposible? Significa que estaríamos ante una decisión extraordinariamente compleja, que exige evaluar los daños para la salud, la dependencia, los controles sanitarios, los compromisos internacionales y las consecuencias no deseadas.

Tampoco todas las sustancias admiten la misma respuesta. El cannabis, la cocaína y los opioides sintéticos presentan peligros diferentes. Una política razonable podría combinar regulación del cannabis, despenalización de la tenencia para consumo personal en las condiciones constitucionalmente protegidas, tratamientos supervisados para determinadas dependencias y una discusión científica sobre modelos restringidos de abastecimiento para otras sustancias.

La discusión exige preguntarnos si el Estado puede intervenir con mayor eficacia que mediante una prohibición cuyo incumplimiento constituye un negocio gigantesco.

Recordemos la tragedia de Puerta 8, en la provincia de Buenos Aires, en 2022. Veinticuatro personas murieron y muchas otras resultaron intoxicadas tras consumir cocaína adulterada con carfentanilo, un opioide sintético de gran potencia.

Aquellas muertes también revelaron una consecuencia brutal del mercado clandestino. Los consumidores desconocen frecuentemente qué sustancias están incorporando a sus organismos. No existen garantías de composición, trazabilidad ni controles sanitarios accesibles.

Un sistema regulado podría reducir determinados riesgos, aunque jamás convertiría una droga peligrosa en inocua.

Existe además una dimensión económica que la política evita discutir.

¿Qué sucedería si una parte de los enormes recursos que hoy concentran las organizaciones criminales ingresara legalmente al sistema tributario y tuviera una asignación específica para educación, prevención, salud mental, tratamientos de adicciones y seguridad?

La respuesta exige prudencia. Los impuestos no garantizan por sí solos políticas eficaces y una regulación deficiente puede dejar espacio para la continuidad del mercado ilegal. Pero resignarnos a que esos recursos sigan financiando violencia, corrupción y penetración institucional tampoco parece una estrategia razonable.

La discusión es incluso más profunda.

¿A quién estamos castigando realmente?

La Constitución argentina protege una esfera de autonomía personal que la Corte Suprema reconoció en «Arriola», en 2009, al declarar inconstitucional castigar la tenencia para consumo personal cuando no provoca peligro concreto ni daño a terceros. Sin embargo, seguimos destinando recursos policiales y judiciales a perseguir conductas vinculadas al consumo y a eslabones menores del comercio ilegal, mientras las grandes estructuras económicas y sus eventuales protectores políticos resultan mucho más difíciles de alcanzar.

No corresponde equiparar automáticamente al pequeño vendedor con una víctima, pero tampoco ignorar que muchas personas con dependencia son utilizadas como piezas reemplazables de organizaciones cuyos jefes jamás pisan una comisaría.

Necesitamos investigación patrimonial, seguimiento financiero, decomisos, cooperación internacional y condenas efectivas para quienes financian, protegen o administran organizaciones criminales desde posiciones de poder.

La eficacia de una política pública se mide por lo que consigue, por los daños que evita y por su capacidad de alcanzar a quienes concentran el negocio. La severidad del discurso no puede seguir reemplazando esos resultados.

Una regulación cuidadosamente diseñada difícilmente termine por sí sola con el narcotráfico o las adicciones. Podría, sin embargo, reducir ciertos daños y debilitar algunas fuentes de financiamiento criminal. Esa posibilidad merece una discusión seria.

Mientras continuamos proclamando una guerra interminable, los consumidores siguen comprando, las organizaciones siguen cobrando y determinados sectores del poder siguen encontrando razones para mirar hacia otro lado.

Tal vez haya llegado el momento de preguntarnos si la prohibición protege verdaderamente a la sociedad o si también termina protegiendo, involuntariamente, la rentabilidad de quienes viven de violarla.

Una democracia que persigue al último eslabón de una cadena criminal mientras tolera que su dinero compre influencia en las instituciones está administrando la permanencia de ese negocio.

Cada vez que la política acepta ese dinero, compromete mucho más que una campaña.

Hipoteca la República.