por María José Mazzocato.

Donde todos son culpables, nadie lo es. La justicia necesita límites, el poder no los reconoce.

Hannah Arendt

En un movimiento que sacudió el tablero geopolítico, Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura o detención de Nicolás Maduro. La cifra supera incluso la que Washington ofreció por la “manhunt” contra Osama bin Laden, y no es un detalle menor: es un gesto de presión política con una carga simbólica enorme. Una estrategia que mezcla diplomacia y espectáculo, diseñada tanto para enviar un mensaje hacia afuera como para consolidar posiciones hacia adentro.

Según las autoridades estadounidenses, Maduro estaría vinculado a una red internacional de narcotráfico, con la incautación de más de 30 toneladas de cocaína y más de 700 millones de dólares en activos: aviones, mansiones, joyas, efectivo. La acusación no es inédita —lleva años en el radar de organismos y periodistas—, pero el monto de la recompensa marca un cambio cualitativo: se pasa de la denuncia a la cacería pública, con cartel de “Se busca” incluido.

Desde Caracas, la respuesta no tardó: el canciller venezolano calificó la medida de “circo mediático” y de maniobra para desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos, mencionando el caso Jeffrey Epstein y las tensiones en Medio Oriente. Washington, en cambio, encuadra la medida como un paso más en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional.
El escenario no es nuevo: se repite un patrón donde el debate no se limita a los hechos, sino a quién controla el relato.

El Derecho Internacional Público establece principios claros. Soberanía estatal: cada país es responsable de lo que sucede dentro de sus fronteras. Inmunidad de jefes de Estado en ejercicio: no pueden ser procesados por tribunales extranjeros mientras ocupen el cargo. Prohibición de acciones extraterritoriales unilaterales: cualquier medida contra un jefe de Estado debe tener respaldo en acuerdos o resoluciones multilaterales.

Al actuar de forma unilateral, Washington ignora —o reescribe— esas reglas. No es la primera vez: la invasión a Panamá para capturar a Manuel Noriega en 1989, la intervención en Irak en 2003 o el operativo contra Muamar Gadafi en 2011 son antecedentes de una práctica que erosiona el sistema multilateral. El mensaje implícito es claro: el orden internacional rige mientras no interfiera con los intereses de quien lo impone.

Desde 2018, Venezuela está bajo investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía ha concluido que el sistema judicial venezolano no investiga de forma real ni independiente las violaciones graves a los derechos humanos, y que existe un patrón de impunidad para altos funcionarios.
El principio de complementariedad de la CPI establece que este tribunal interviene cuando un Estado no puede o no quiere impartir justicia. Todo indica que Venezuela cumple esas condiciones, pero hasta el momento no se ha emitido una orden de arresto contra Maduro.

Esto plantea una pregunta incómoda: si existen mecanismos internacionales para perseguir crímenes tan graves, ¿por qué recurrir a la “justicia a la carta” de una potencia?

Mientras las grandes potencias juegan su ajedrez geopolítico, la población venezolana enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes: Represión sistemática contra la disidencia. Escasez crónica de alimentos y medicinas. Colapso de servicios básicos: apagones, cortes de agua, hospitales sin insumos. Migración forzada de más de 7 millones de personas.

La justicia internacional debería ser la vía para garantizar verdad, reparación y no repetición. Convertir el conflicto en un juego de poder donde la justicia se mide en dólares no solo es ineficaz para las víctimas: normaliza la idea de que la ley es un instrumento maleable al servicio de intereses estratégicos.

La recompensa de 50 millones de dólares no solo busca a un hombre; abre la puerta a un precedente peligroso. Si un país puede poner precio a la cabeza de un jefe de Estado sin un fallo judicial internacional, el concepto de soberanía se vuelve frágil y el sistema multilateral se vacía de contenido.

Las preguntas que quedan son inevitables: ¿Es legítimo que un Estado asuma funciones punitivas internacionales sin un mandato colectivo? ¿Puede el derecho internacional seguir siendo relevante si las potencias actúan al margen? ¿Qué toleramos como comunidad internacional cuando la justicia se convierte en un arma política?

El caso Maduro refleja dos verdades incómodas: la brutalidad interna de un régimen autoritario y la capacidad de las grandes potencias para manipular el discurso de la justicia internacional.

Si permitimos que la “justicia” se mida en billetes y no en sentencias legítimas, habremos aceptado que el derecho internacional es un decorado… y que el verdadero orden global lo dictan las billeteras más grandes.

Y entonces, la pregunta central ya no será qué hará Maduro. Será qué estamos dispuestos a permitir nosotros en este eterno juego de poder.