Por Enrico Colombres.

La indiferencia es el peso muerto de la historia.

Antonio Gramsci.

Argentina se acerca a un nuevo proceso electoral a fines de este octubre. Una vez más, los ciudadanos se encontrarán frente a la urna con la responsabilidad de decidir el rumbo del país. Pero esta vez el clima es diferente: las encuestas marcan apatía, bronca contenida y un ausentismo creciente. El voto, que debería ser el símbolo máximo de soberanía, aparece debilitado frente a un electorado cansado y descreído. Cada vez más argentinos se ausentan de las urnas, convencidos de que “nada cambia”, sin advertir que ese vacío fortalece aún más a quienes viven de la política sin rendir cuentas. El voto no puede ser abandono, porque cuando el pueblo se retira, la política se entrega por completo a los intereses de unos pocos.

“Sobre esta base resultaría que la dominación de la clase dominante encuentra expresión en el campo intelectual, pues todo lo que se dice bajo formas teóricas —esto es, como si una verdad estuviera siendo intencionada— referente al derecho, a la política, a la moral, a la religión, al arte, a la educación, a la historia y a la filosofía, no sería en rigor teoría de nada, sino sólo el enmascaramiento de aquella relación de dominación clasista, en la medida en que a la relación de dominación se la hace aparecer concordando con la presunta teoría y como si a ésta una verdad la confirmase en ello. […] Tal sería la ideología por su origen y por su función. La ideología se disfraza con la verdad porque se presenta con su lenguaje y con su actitud intencional, aunque de hecho sólo es la defensa enmascarada de los intereses de la clase dominante en el plano intelectual.”

Carlos Cossio, Ideologías, colaboraciones, gnoseología del error, 1966, p. 76.

Carlos Cossio advertía ya en 1966 que la ideología no es teoría ni verdad, sino un enmascaramiento de los intereses de la clase dominante, disfrazados bajo el lenguaje de las ciencias y de la política. Su diagnóstico sigue teniendo plena vigencia en la Argentina actual: los discursos de campaña, las promesas de cambio y hasta las reformas que se presentan como “técnicas” o “inevitables” no son otra cosa que el ocultamiento de intereses sectoriales, económicos o partidarios que se legitiman como si fueran verdades objetivas. Así, se nos vende el ajuste como necesidad técnica, la privatización como solución mágica o el endeudamiento como única salida, cuando en realidad son decisiones cargadas de ideología, que favorecen a minorías privilegiadas y perjudican al conjunto.

Frente a este disfraz constante, el ciudadano común tiene la obligación cívica de no conformarse con la retórica y de exigir mecanismos concretos: blindaje presupuestario en educación, salud, jubilaciones y discapacidad; referéndums vinculantes para proteger el patrimonio estatal; eliminación de fueros e impunidad política; y organismos de control ciudadano reales. Solo así será posible edificar una base de justicia e igualdad en los aspectos más esenciales de la vida digna en sociedad, y romper con esa falsa conciencia que denunciaba Cossio, donde la ideología pretende hacerse pasar por verdad.

El sufragio debe ser entendido no como un trámite, sino como el inicio de un compromiso civil que trasciende la elección misma. Votar es rebelarse contra la resignación; es ejercer la memoria de las luchas históricas y abrir la posibilidad de un futuro distinto. Recordemos que el voto secreto, universal y obligatorio en Argentina no fue una dádiva, sino una conquista plasmada en la Ley Sáenz Peña de 1912, tras décadas de fraudes y exclusiones. Desde entonces, el sufragio ha sido el instrumento por el cual el pueblo intentó torcer el rumbo del poder. A lo largo del siglo XX, en dictaduras y en democracias restringidas, la ciudadanía luchó por sostener ese derecho. Hoy, paradójicamente, lo descuidamos al transformarlo en un mero acto administrativo, vaciado de sentido por la apatía y la inconcurrencia.

Es necesario recuperar la conciencia de que el voto es apenas el primer paso, pero un paso indispensable. El ciudadano entrega legitimidad a quienes lo representan, pero al mismo tiempo asume la obligación de exigirles responsabilidad, transparencia y capacidad. Durante décadas, la política argentina se nutrió de ese cheque en blanco que se firmaba en cada elección y que luego se convertía en impunidad y privilegios. La indiferencia ciudadana alimentó ese círculo vicioso. Romperlo exige que el sufragio vuelva a ser entendido como compromiso civil, no como una rutina.

La Argentina necesita construir una nueva política ciudadana activa, basada no en promesas efímeras, sino en políticas de Estado claras y blindadas frente a los vaivenes coyunturales. No se trata de slogans de campaña, sino de convenios soberanos estables que fijen objetivos inalterables: educación de calidad, un sistema de salud sólido, jubilaciones dignas, inclusión plena de las personas con discapacidad y blindaje presupuestario en áreas sensibles. El presupuesto para estos derechos debe estar protegido por ley, de modo que ningún gobierno pueda utilizarlo como variable de ajuste. Así como la Constitución de 1853 consagró la propiedad, la seguridad y la igualdad ante la ley como principios básicos, es hora de garantizar con la misma fuerza legal los derechos sociales esenciales.

El blindaje debe ir más allá del presupuesto, pero blindar ese presupuesto es indispensable. Por otro lado, el patrimonio del Estado —que pertenece al conjunto de los argentinos— debe ser protegido de los caprichos de turno. Las experiencias de privatizaciones en la década de 1990 dejaron heridas profundas: empresas públicas vendidas a precio vil, pérdida de soberanía en áreas estratégicas, despidos masivos y deterioro de los servicios básicos. No se trata de negar toda forma de reforma, pero sí de imponer un principio inquebrantable: cualquier venta o privatización de bienes estatales solo podrá realizarse mediante un referéndum vinculante en el marco de elecciones generales. El patrimonio nacional no puede depender de la firma de un ministro ni de la negociación secreta de un presidente con corporaciones extranjeras. Debe ser el pueblo, con su voto, quien decida. Esa es mi propuesta lógica.

Para lograr estos cambios no bastan leyes ordinarias: se necesita una reforma constitucional profunda. La Constitución vigente, nacida en 1853 y reformada en 1994, ha quedado corta frente a las demandas actuales. La reforma del 94 incorporó derechos de tercera generación y reforzó organismos de control, pero también habilitó la reelección presidencial y consagró pactos de poder que hoy muestran su desgaste. Es momento de discutir una nueva arquitectura institucional que blinde presupuestos sociales, que establezca la obligatoriedad de referendos para decisiones estratégicas, que elimine fueros parlamentarios —hoy escudos de impunidad— y que exija formación certificada para quienes aspiren a cargos públicos.

La historia argentina demuestra que cada reforma constitucional estuvo vinculada a grandes transformaciones: en 1860 se adaptó el texto para incorporar a Buenos Aires; en 1949 se introdujeron derechos sociales; en 1957 se restauró parcialmente el texto original, y en 1994 se aggiornó al contexto de globalización y derechos humanos. Hoy el desafío es otro: diseñar un sistema que no dependa del capricho de los dirigentes, sino de un verdadero convenio soberano entre Estado y ciudadanía.

Dentro de ese marco también resulta ineludible una reforma electoral. La apertura a nuevos partidos, la afiliación digital, la conformación virtual de agrupaciones y la transparencia en el financiamiento son medidas que pueden oxigenar la democracia. No podemos seguir en un esquema donde los partidos tradicionales monopolizan el poder y los ciudadanos sienten que su voto es apenas un trámite que no incide en nada. La política debe abrirse, permitir nuevas voces e incorporar a las generaciones más jóvenes mediante herramientas tecnológicas que ya forman parte de su vida cotidiana.

La nueva política ciudadana también exige terminar con la impunidad. Los fueros parlamentarios, concebidos originalmente para proteger la libertad de expresión, se convirtieron en refugio de corruptos. Es necesario limitar esos privilegios únicamente a los presidentes de las cámaras legislativas, al presidente y vicepresidente de la Nación y a los embajadores en funciones. El resto de los representantes debe responder como cualquier ciudadano ante la Justicia. Asimismo, quienes tengan condenas penales firmes por corrupción, delitos contra la administración pública o violencia —en general o de género— deben ser inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

Pero ninguna reforma institucional será suficiente si no se acompaña de un cambio cultural profundo. La viveza criolla, el cinismo frente a la corrupción y el fanatismo ciego que convierte a líderes políticos en ídolos intocables son males que degradan la vida democrática. La política no puede seguir reducida a un espectáculo televisivo o a una pelea de tribunas, como si se tratara de un partido de fútbol. Se necesita una reeducación social. La política es el espacio donde se definen los destinos colectivos, y el compromiso civil exige asumir esa responsabilidad.

El ausentismo electoral es un síntoma alarmante. Cada elección reciente muestra un crecimiento en la cantidad de votantes que deciden no presentarse. Este octubre, cada argentino tendrá en sus manos una boleta única; y esa boleta, por más insignificante que parezca, es la herramienta más poderosa que nos queda. No será perfecta, no resolverá de inmediato los problemas estructurales, no detendrá la inflación ni borrará la pobreza de un día para otro. Pero sí puede ser el primer paso hacia la construcción de un nuevo pacto político basado en soberanía, responsabilidad y justicia.

El voto, lejos de ser un trámite, es un acto de memoria y de futuro. Es la afirmación de que no aceptamos la política como está y de que exigimos un país distinto, una política diferente. La cuestión es clara: ¿vamos a seguir entregando el destino nacional a quienes saquean, venden y privatizan sin consultar, o vamos a recuperar el poder soberano para decidir, mediante una Constitución renovada, qué rumbo queremos como pueblo?

Y si no vamos a votar, si elegimos la comodidad del sofá y el cinismo de la queja en redes sociales, entonces que nos quede claro: estamos renunciando a decidir y entregándonos mansamente a los mismos de siempre. No nos quejemos después cuando el país se venda al mejor postor, cuando la política siga siendo un negocio privado y cuando nuestros derechos se vuelvan letra muerta. Porque, en democracia, quien se abstiene no protesta: abdica.

La respuesta está en nuestras manos, en nuestro compromiso civil, en nuestro voto, en nuestra potestad de organizarnos y decir no. Y esta vez, más que nunca, no podemos permitirnos desperdiciarla.