Por Enrico Colombres.

En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.
George Orwell.

Antes las guerras se libraban con fusiles, ahora se libran con percepciones. El enemigo ya no está en una trinchera sino en la pantalla de tu celular. Una guerra civil cognitiva es eso una confrontación en el terreno de la mente donde se ataca la capacidad misma de distinguir lo verdadero de lo falso. No hay sangre, pero sí una mutilación lenta del pensamiento. No hay uniformes, pero sí ejércitos de bots, influencers rentados, discursos que se disfrazan de sentido común y una maquinaria de desinformación capaz de convertir cualquier barbaridad en opinión respetable. Esa es la guerra que estamos peleando en la Argentina de hoy una guerra sin tiros, pero con daños profundos donde el objetivo no es conquistar territorio sino capturar voluntades y borrar la memoria colectiva. Y mientras la sociedad se distrae peleando sombras, el poder real avanza sin resistencia.

La guerra civil cognitiva no empezó con un disparo ni con un golpe en la mesa, empezó con una idea que se disfrazó de libertad mientras nos vaciaban el sentido común. Es una guerra silenciosa donde los proyectiles son mensajes reenviados, titulares fabricados, bots que opinan más que los ciudadanos reales y un enjambre interminable de mentiras repetidas hasta sonar verdaderas. En este clima, la Argentina se debate entre su historia y una modernización de utilería que solo sirve para encubrir los intereses más viejos de la política y los negocios. Se vende como novedad la restauración de un orden que ya fracasó, ese que convirtió al siglo diecinueve en una postal gloriosa mientras tapaba bajo la alfombra la miseria que lo sostenía.

En este paisaje distorsionado, el gobierno impulsa reformas que no buscan modernizar nada sino reinstalar un orden viejo, injusto y absolutamente funcional a unos pocos. Cada día se legitima un retroceso disfrazado de liberación. Que el trabajador pierda derechos se vende como flexibilidad. Que el Estado se retire de la salud pública se presenta como eficiencia. Que la ciencia nacional se desmantele se justifica como austeridad. Todo es un truco narrativo para que la sociedad pida la soga creyendo que es un salvavidas.

Lo más inquietante es que la discusión se deformó tanto que hoy aparecen voces que piden volver a revisar consensos que la humanidad cerró hace más de un siglo. Es un síntoma profundo de época. Cuando uno escucha que hay que defender a Sarmiento o a la Ley 1420, no porque nos hayamos vuelto conservadores sino porque ciertos sectores quieren borrar la educación pública, laica y gratuita del horizonte nacional, uno entiende que el problema es más hondo que un cambio de gobierno. Lo que está en juego es la arquitectura simbólica del país, aquello que hacía que incluso en momentos de crisis la Argentina mantuviera un mínimo pacto civilizatorio.

La realidad golpea más fuerte cuando algunos justifican que una persona pueda elegir ser esclava como si esa idea perteneciera al terreno legítimo del debate. Es el triunfo de la confusión elevando a la categoría de libertad lo que siempre fue un delito contra la dignidad humana. Las libertades absolutas de manual que defienden estos grupos no son más que la coartada moral del poderoso para desentenderse del débil. Nadie en situación de necesidad firma un contrato libremente, nadie elige ceder su humanidad. Presentarlo como una opción es una perversión disfrazada de racionalidad.

En la base de esta distorsión aparece otra bandera que se agita con liviandad, la inversión de la pirámide jurídica de Kelsen. Allí donde los principios y la Constitución organizan la vida en común, estos nuevos teólogos del mercado dicen que todo empieza y termina en un contrato entre privados. Ese es el truco. Si todo se reduce a una firma, entonces el sistema deja de proteger a las personas y pasa a proteger las transacciones. En ese mundo no hay Estado, no hay derechos, no hay comunidad. Solo hay individuos aislados frente a corporaciones que imponen condiciones innegociables. Es el mismo modelo que a fines del siglo diecinueve se sostenía gracias a un mar de pobreza, dependencia y disciplinamiento. La miseria no era un efecto secundario, era el requisito para que la maquinaria funcionara.

Frente a esta visión mercantilizada del derecho, la teoría egológica de Carlos Cossio aparece como un antídoto silencioso pero imprescindible. Mientras Kelsen organiza normas, Cossio mira la conducta humana. Dice que el derecho no es un edificio abstracto sino una regulación viva de la experiencia social. En tiempos donde se pretende reinstalar la lógica del sálvese quien pueda, la perspectiva egológica nos recuerda que no existe derecho que no implique relación con el otro. El sujeto jurídico no es un átomo suelto sino un ser situado, condicionado y esencialmente vinculado. Esa mirada resulta más adecuada a la realidad humana y a cualquier proyecto de comunidad que aspire a llamarse civilizada.

Pero esta guerra civil cognitiva no se libra solo en los libros ni en los foros académicos. Mientras discutimos si la tierra es plana o si las vacunas sirven, el gobierno impulsa reformas laborales que buscan devolvernos a un esquema de precarización estructural donde la estabilidad es un lujo. Bajo el argumento de dinamizar la economía se propone eliminar indemnizaciones, facilitar despidos y convertir el empleo en una aventura sin red. No hay discusión técnica que justifique semejante retroceso. Es una doctrina vieja reempaquetada con estética futurista, una tecnocracia que promete modernidad, pero en realidad reinstala relaciones laborales propias de un tiempo donde los trabajadores vivían endeudados con la empresa que los explotaba.

La misma lógica se aplica a la quita de subsidios que empuja a millones a elegir entre calefaccionar el hogar refrescarlo o comer. Se presenta como sinceramiento cuando es lisa y llanamente transferencia de recursos hacia arriba. La desinversión en salud pública se maquilla con discursos de eficiencia, pero el resultado es siempre el mismo hospital vaciado, personal agotado, pacientes transformados en números prescindibles. La ciencia nacional se dejó caer como si fuera un gasto superfluo, cuando en realidad es una de las pocas herramientas que permiten que un país tenga futuro. En el altar del ajuste se sacrifican décadas de conocimiento acumulado, proyectos estratégicos y carreras enteras de investigadores que prefieren emigrar antes que ver cómo sus trabajos se deshacen por abandono estatal.

Y mientras esto ocurre, los jubilados sobreviven con haberes que no cubren ni la mitad de una canasta básica. Los discapacitados esperan meses para recibir prestaciones que son su único sostén. La crueldad se volvió política pública disfrazada de aritmética fiscal. Es el viejo truco de hacerle creer a la sociedad que el problema son los que menos tienen para ocultar que el verdadero drenaje proviene de arriba.

La operación cultural que acompaña todo este proceso es feroz. La saturación mediática fabrica percepciones más rápido que los hechos. Los bots replican consignas hasta naturalizarlas. Las fake news moldean la opinión pública mejor que cualquier campaña. La desinformación se volvió un arma de disciplinamiento porque anula la posibilidad de diálogo real. Y en este clima, la élite que impulsa esta transformación regresa siempre al mismo libreto afirmar que el mundo avanza hacia la modernización y la tecnocracia, como si esas palabras fueran neutrales. No lo son. Es la coartada perfecta para esconder un proyecto de concentración de poder que necesita ciudadanos confundidos, agotados, enfrentados entre sí.

Lo más trágico es que esta guerra civil cognitiva va desgastando nuestra capacidad de reconocernos. Si todo se reduce a la elección individual, si todo se mide en eficiencia, si todo lo público se considera un lastre, entonces el país se transforma en un territorio de consumidores en guerra permanente con otros consumidores. La comunidad desaparece y con ella cualquier noción de destino compartido.

Y tal vez lo más brutal sea aceptar que esta guerra civil cognitiva no la están ganando ellos, la estamos perdiendo nosotros. Porque no hace falta que destruyan nuestras instituciones si nos convencen de que no valen nada. No hace falta que prohíban derechos si logran que los entreguemos solos con la ilusión de que así seremos más libres. No hace falta que nos repriman si consiguen que repitamos sus slogans como si fueran pensamientos propios. No hace falta que nos quiten el futuro si antes nos vacían la capacidad de imaginarlo.

La verdad incómoda es que hay una parte del país que ya se rindió. Que prefiere un verdugo eficiente antes que un Estado imperfecto. Que celebra su propia precarización porque le vendieron que eso es madurar. Que cree que la crueldad es sinceridad, que la desigualdad es naturaleza, que la humillación ajena es mérito personal. Y mientras tanto, el poder real observa en silencio cómo cada uno se va convirtiendo en su propio carcelero.

El mayor triunfo de este proyecto no es ajustar salarios ni destruir ministerios ni cerrar hospitales. El mayor triunfo sería lograr que dejemos de indignarnos. Que normalicemos la injusticia. Que aceptemos como inevitables cosas que antes hubiéramos considerado inhumanas. Que miremos a un jubilado revolviendo basura y pensemos que algo habrá hecho mal. Que veamos a un científico emigrar y digamos que así funciona el mundo. Que descubramos que alguien firmó un contrato esclavista y levantemos los hombros. Ese día no hará falta represión, ni bots, ni propaganda. Ese día la guerra estará perdida sin ruido, sin gloria y sin retorno.

La pregunta es si vamos a esperar a que ese día llegue o si vamos a asumir ahora la parte más cruel de esta historia, la que nadie quiere decir en voz alta. No estamos peleando solo contra un gobierno o una ideología, estamos peleando contra nuestra propia comodidad mental, contra nuestra pereza moral, contra la tentación de entregar el pensamiento a cambio de un poco de tranquilidad.

Y ahí está la incomodidad que nadie puede esquivar. Si esta guerra se libra en nuestras cabezas, entonces cada uno tiene que decidir de qué lado está. O defendemos lo que queda de dignidad colectiva, aunque duela, aunque incomode, aunque nos obligue a ver lo que preferimos ignorar, o terminaremos viviendo en un país donde la libertad es una marca registrada, la justicia un trámite y la democracia un decorado vacío que solo sirve para que los de siempre administren nuestra resignación.

La última línea la vamos a escribir nosotros. Puede ser un grito o puede ser un silencio. Pero una cosa es segura. Si elegimos callarnos, otros van a hablar por nosotros. Y cuando eso pase, ya no habrá guerra civil cognitiva, habrá derrota total. Y lo más trágico es que ni siquiera nos habremos dado cuenta del fratricidio cometido.