Por David Roth.

El diagnóstico habitual sobre la democracia contemporánea oscila entre la crisis y la degradación. Sin embargo, ambas categorías resultan insuficientes para describir el estado actual de las formas políticas. No estamos ante una democracia en crisis —lo que supondría la posibilidad de su recomposición—, sino ante un fenómeno más radical: un proceso de vaciamiento funcional.

La democracia persiste como forma, pero ha perdido su capacidad operativa.

Este desplazamiento puede pensarse, en términos de Giorgio Agamben, como una separación entre norma y vida. Las instituciones continúan funcionando en su dimensión formal, pero han dejado de articular la experiencia efectiva de lo común. La ley se mantiene, pero su eficacia simbólica se erosiona. No desaparece: se vuelve irrelevante.

En este sentido, el problema no es la transgresión de las normas, sino su indiferencia estructural.

La escena cotidiana lo evidencia: reglas que no ordenan, autoridades que no producen legitimidad, dispositivos institucionales que operan sin generar adhesión. No se trata de anomia, sino de algo más inquietante: una normalización de la desvinculación.

Desde otra perspectiva, Byung-Chul Han ha señalado que las sociedades contemporáneas han transitado desde formas disciplinarias hacia regímenes de autoexplotación. Este pasaje implica una mutación en la lógica del poder: ya no se impone desde el exterior, sino que se interioriza. El sujeto no es oprimido; se convierte en gestor de su propia subordinación.

La democracia, en este contexto, deja de ser un espacio de deliberación para transformarse en un dispositivo de gestión de subjetividades.

A su vez, el diagnóstico de Colin Crouch sobre la “posdemocracia” resulta especialmente pertinente: los procedimientos democráticos se mantienen —elecciones, partidos, representación—, pero las decisiones sustantivas se desplazan hacia esferas opacas, alejadas de la participación efectiva. La política se vuelve espectáculo; la decisión, técnica.

Sin embargo, incluso la categoría de posdemocracia parece hoy insuficiente.

Lo que se advierte no es solo un corrimiento del poder, sino una transformación en su lógica de funcionamiento. Aquí resulta inevitable retomar a Michel Foucault: el poder ya no se organiza únicamente en torno a la soberanía ni a la disciplina, sino que opera como una red de dispositivos que producen realidad. No reprime: configura.

En ese marco, la noción de “pueblo” —fundamento clásico de la legitimidad democrática— se disuelve en una multiplicidad de agregados inestables, mediados por plataformas, algoritmos y circuitos de información que fragmentan la experiencia colectiva.

El “pueblo” subsiste como categoría retórica. Ha perdido su consistencia política.

Este vaciamiento no es ajeno a la transformación tecnológica. Como advierte Éric Sadin, asistimos a la emergencia de un régimen de gubernamentalidad algorítmica, en el cual la toma de decisiones se desplaza progresivamente hacia sistemas automatizados que operan bajo lógicas de optimización y predicción.

La consecuencia es una reconfiguración profunda del poder: ya no se trata de gobernar sujetos, sino de anticipar comportamientos.

En este punto, la hipótesis de un “feudalismo tecnológico” no debe leerse como metáfora exagerada, sino como una tentativa de conceptualizar nuevas formas de dependencia estructural, en las cuales grandes concentraciones de poder —corporativo, informacional— adquieren una capacidad de intervención superior a la de los Estados.

La democracia, en tanto forma estatal de organización, queda así desfasada respecto de los centros efectivos de decisión.

Desde el punto de vista jurídico, esta situación produce una tensión creciente entre legitimidad y legalidad. Las estructuras normativas continúan operando, pero lo hacen sobre un campo que ya no controlan plenamente. La división de poderes —principio estructurante del constitucionalismo moderno— se mantiene en el plano formal, pero su eficacia material se encuentra atravesada por relaciones de fuerza que exceden su marco.

No se trata de negar su existencia, sino de reconocer su debilitamiento operativo.

Frente a este escenario, la reacción predominante oscila entre la nostalgia institucional y la denuncia moral. Ambas respuestas comparten una limitación: suponen que el problema puede resolverse dentro de las categorías existentes.

Pero si el diagnóstico es correcto, esas categorías forman parte del problema.

Aquí resulta útil recuperar la noción de “interrupción” en el sentido que le otorga Walter Benjamin: no como destrucción, sino como suspensión de la continuidad aparente que permite hacer visible lo que el orden normal oculta. Pensar la democracia hoy exige interrumpir su evidencia.

No para abandonarla sin más, sino para desnaturalizarla.

La pregunta ya no es cómo mejorar la democracia, sino si las condiciones que hicieron posible su emergencia siguen vigentes. Y, en caso negativo, qué formas pueden pensarse más allá de ella.

Esto implica desplazar el eje desde la representación hacia la capacidad efectiva de organización de lo común. Menos énfasis en la delegación, más en la responsabilidad distribuida. Menos en la estructura, más en la función.

No se trata de una utopía normativa, sino de una exigencia analítica: comprender que las formas políticas no son universales ni permanentes.

En ese sentido, la afirmación de que “la democracia no existe” no debe leerse como una consigna, sino como una hipótesis crítica: un intento de nombrar el desfase entre una forma que persiste y una realidad que ya no la sostiene.

Si ese desfase no es pensado, la democracia continuará operando como una ficción estabilizadora.

Y toda ficción política que se vuelve incuestionable tiende, tarde o temprano, a convertirse en una forma de dominación.

La tarea, entonces, no es defenderla ni destruirla, sino someterla a aquello que le dio origen: el pensamiento.