Por Enrico Colombres.

Hay palabras que con el tiempo se vacían de sentido. Se repiten tanto, se pronuncian con tanta solemnidad impostada, que terminan convertidas en una cáscara vacía. Democracia es una de ellas. En la Argentina, se la invoca como una religión civil, como un dogma cuya sola mención clausura cualquier discusión. Cuestionarla se interpreta como herejía. Pero hay preguntas que una sociedad madura debería animarse a formular, ¿qué tipo de democracia tenemos? ¿Quién fija sus límites? ¿Quién decide qué puede hacerse y qué no? ¿Cuánto margen real tiene un pueblo para autodeterminarse cuando las principales decisiones económicas son dictadas desde centros de poder ajenos a su voluntad?

Quizás la definición más precisa para describir nuestra experiencia política contemporánea sea la de democracia colonial. Una forma institucionalmente ordenada, electoralmente legal y jurídicamente presentada como republicana, pero materialmente subordinada a intereses financieros, geopolíticos y económicos extranjeros. Una democracia administrada, condicionada y diseñada para garantizar obediencia antes que soberanía.

No es una anomalía reciente. Es el resultado de un proceso histórico preciso.

La primera gran ruptura moderna puede situarse el 16 de septiembre de 1955. Ese día comenzó la autodenominada Revolución Libertadora, el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Aquella interrupción institucional no fue solo una disputa de poder interno ni una reacción ideológica contra el peronismo. Fue, sobre todo, el comienzo de una restauración estructural.

Entre 1946 y 1955, la Argentina había desarrollado un modelo económico orientado hacia la industrialización por sustitución de importaciones, la expansión del mercado interno, la nacionalización de áreas estratégicas y una inédita ampliación de derechos laborales. Esa matriz permitía algo mucho más profundo que crecimiento económico, autonomía de decisión.

El golpe de 1955 apuntó precisamente contra esa autonomía.

No por casualidad, tras la caída de Perón se inició una progresiva apertura a los organismos financieros internacionales. En 1956, durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, comenzó el acercamiento al Fondo Monetario Internacional, al que la Argentina ingresaría formalmente en 1956. Ese hecho, aparentemente técnico, marcó un giro decisivo, el inicio de una relación de subordinación económica que condicionaría las décadas siguientes.

La década de 1960 profundizó esa lógica. Bajo el gobierno de Arturo Frondizi, se impulsó una estrategia desarrollista con fuerte ingreso de capital extranjero, particularmente en energía y petróleo. Aunque con objetivos industrializantes, ese modelo introdujo una dependencia creciente de inversiones externas.

El 28 de junio de 1966, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía consolidó la doctrina de seguridad nacional promovida por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. La represión política se combinó con un reordenamiento económico orientado a disciplinar sindicatos y reducir el poder de negociación del trabajo.

Pero el punto de inflexión definitivo llegaría el 24 de marzo de 1976.

Ese día comenzó la dictadura más brutal de la historia argentina, encabezada inicialmente por Jorge Rafael Videla. El terrorismo de Estado dejó miles de desaparecidos, pero junto al horror represivo operó una transformación económica muchas veces subestimada.

El verdadero arquitecto de esa reconfiguración fue José Alfredo Martínez de Hoz.

Su programa tenía objetivos claros, desindustrialización, apertura financiera, valorización especulativa y endeudamiento externo.

La reforma financiera de 1977 alteró de raíz el funcionamiento económico argentino. Se privilegió la renta financiera por sobre la producción. La famosa “tablita” cambiaria favoreció la bicicleta especulativa. Las importaciones comenzaron a destruir tejido industrial. Entre 1976 y 1981 cerraron miles de pequeñas y medianas empresas. La deuda externa pasó de aproximadamente 7.800 millones de dólares a más de 45.000 millones.

No fue un error técnico. Fue un proyecto.

Destruir industria significaba destruir autonomía social. Un país sin capacidad productiva propia depende. Y la dependencia económica genera dependencia política.

La recuperación democrática de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, devolvió libertades fundamentales y reconstruyó el Estado de Derecho. Pero heredó una estructura económica profundamente condicionada. La deuda externa y las presiones internacionales limitaron severamente cualquier margen de maniobra.

La hiperinflación de 1989 aceleró la transición hacia un nuevo paradigma.

Con la llegada de Carlos Menem, la democracia formal ingresó en una etapa decisiva de colonialidad económica. Las privatizaciones masivas de empresas públicas —YPF, Aerolíneas Argentinas, teléfonos, ferrocarriles, servicios básicos— fueron presentadas como modernización inevitable.

La convertibilidad de 1991, diseñada por Domingo Cavallo, otorgó estabilidad monetaria transitoria al costo de una creciente dependencia financiera.

El 1 a 1 no era fortaleza, era ficción sostenida por endeudamiento.

Durante esa década, la democracia funcionó con normalidad electoral mientras el núcleo de las decisiones económicas se subordinaba a organismos internacionales, acreedores externos y grandes conglomerados financieros.

Allí se consolidó la democracia colonial contemporánea, gobiernos elegidos por el pueblo administrando políticas definidas fuera del pueblo.

La crisis de diciembre de 2001 mostró el colapso de ese modelo. El “que se vayan todos” expresó algo más profundo que enojo circunstancial, la percepción social de que la representación política había sido vaciada.

La reestructuración posterior, especialmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, intentó recuperar márgenes de autonomía mediante desendeudamiento, recuperación de empresas estratégicas y expansión del mercado interno.

Sin embargo, la matriz estructural de dependencia nunca fue completamente desmontada.

El acuerdo con los holdouts en 2016 bajo Mauricio Macri y el posterior préstamo récord del FMI en 2018 por 57.000 millones de dólares reinstalaron con crudeza el tutelaje financiero externo.

Desde entonces, cada gobierno administra restricciones heredadas, negocia condicionalidades y ejecuta políticas dentro de márgenes estrechamente vigilados.

La democracia subsiste. Se vota. Se alternan partidos. Se discute en televisión. Se producen campañas.

Pero la pregunta central permanece intacta, ¿quién gobierna realmente?

Porque una nación puede conservar urnas y perder soberanía.

Puede mantener elecciones y carecer de capacidad efectiva de decisión.

Puede exhibir instituciones republicanas mientras las variables esenciales de su destino —tipo de cambio, endeudamiento, política energética, orientación productiva— son condicionadas por factores externos.

Esa es la esencia de la democracia colonial, la sustitución de la voluntad popular por la administración técnica de límites impuestos.

Hoy, en 2026, la Argentina enfrenta nuevamente ese dilema.

Mientras el debate público se consume en antagonismos superficiales, la discusión de fondo sigue desplazada, el modelo de país.

No se trata de nostalgias ni de consignas vacías. Se trata de una cuestión elemental de autodeterminación histórica.

Un país sin industria propia no define su destino.

Un país cuya política económica se redacta para satisfacer acreedores externos no ejerce soberanía plena.

Un país que naturaliza esa subordinación termina llamando libertad a la obediencia y democracia a la resignación.

Quizás la mayor victoria de la democracia colonial haya sido cultural, convencernos de que no existe alternativa. Convertir la dependencia en sentido común. Hacer creer que cualquier proyecto autónomo es populismo, atraso o delirio.

La historia argentina demuestra lo contrario.

Cada vez que el país intentó construir densidad industrial, autonomía financiera y capacidad soberana de decisión, enfrentó resistencias feroces.

Cada vez que renunció a ellas, recibió elogios externos y deterioro interno.

Entonces cabe preguntarse, si votar no alcanza para decidir el rumbo económico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia?

Si las grandes decisiones se toman bajo supervisión externa, ¿cuánta libertad política queda?

Y si hemos aceptado como natural esta forma elegante de subordinación, ¿no será que la democracia colonial que ya conocemos dejó hace tiempo de ser una excepción para convertirse en nuestra costumbre más peligrosa?