Por Fernando Crivelli Posse.

“La moderación y la prudencia son las virtudes que sostienen a las repúblicas.”

Inspirado en el pensamiento de Marco Tulio Cicerón y Diego de Saavedra Fajardo.

La Argentina atraviesa uno de esos momentos históricos donde el cansancio social deja de ser una percepción individual para convertirse en un estado colectivo. Se respira en la calle, en los comercios vacíos, en las conversaciones familiares, en el humor de trabajadores que sienten que hacen esfuerzos cada vez más grandes para sostener una vida cada vez más frágil. Pero el problema ya no es solamente económico. Hay algo más profundo y silencioso: el deterioro del vínculo entre la sociedad y la política.

Durante años, la dirigencia argentina fue degradando el valor de la palabra pública. El debate dejó de ser una herramienta democrática para transformarse en un espectáculo de confrontación permanente. La agresión reemplazó a la argumentación. El insulto pasó a tener más impacto que una propuesta seria. Y la descalificación se convirtió, para muchos sectores políticos, en una estrategia de construcción de poder.

Sin embargo, detrás de cada frase violenta pronunciada desde un cargo institucional, existe una consecuencia social concreta. Porque las palabras nunca son inocentes cuando provienen del poder. El lenguaje político construye climas sociales, legitima conductas y moldea culturalmente a una sociedad. Cuando desde los lugares de representación se instala la idea de que el adversario es un enemigo, la convivencia democrática comienza lentamente a deteriorarse.

La Argentina de hoy parece vivir en un estado de tensión permanente. Oficialismo y oposición muchas veces funcionan como maquinarias de confrontación emocional, alimentadas por redes sociales, operaciones mediáticas y una lógica de consumo político instantáneo donde importa más el impacto de una frase que la profundidad de una idea. La política empezó a parecerse demasiado al entretenimiento: todo debe ser extremo, urgente, agresivo y viral, vivimos en la sociedad del show time y no de la representación ciudadana. 

Pero mientras ese espectáculo ocurre, la sociedad real intenta sobrevivir.

Millones de argentinos hacen malabares para sostener sus hogares, pagar alquileres, enfrentar aumentos constantes y conservar cierta estabilidad emocional en medio de la incertidumbre. La gente ya está realizando sacrificios enormes. Y frente a eso, gran parte de la ciudadanía siente que la dirigencia responde con más peleas, más provocaciones y más violencia verbal.

Existe una desconexión cada vez más evidente entre las prioridades de la sociedad y las prioridades de la política.

Un país no es rico porque tenga petróleo, gas, litio o reservas en el Banco Central. Los recursos naturales pueden generar riqueza económica, pero jamás garantizan desarrollo humano ni estabilidad institucional. La verdadera riqueza de una nación está en la educación. Y la educación no es solamente formación académica. Educación es cultura cívica. Es respeto por el otro. Es entender que convivir implica límites, empatía y responsabilidad colectiva.

Educación es que alguien pueda pensar distinto sin sentir odio. Educación es agradecer. Es pedir disculpas. Es respetar normas incluso cuando nadie controla. Es comprender que el otro ciudadano no es un obstáculo, sino parte de la misma comunidad nacional.

Las sociedades más avanzadas del mundo no funcionan únicamente por sus leyes. Funcionan porque existe un acuerdo cultural básico sobre cómo convivir. La Argentina, en cambio, parece estar perdiendo lentamente ese consenso mínimo. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de convivir, la democracia comienza a vaciarse desde adentro.

Por eso resulta tan preocupante la naturalización de la violencia discursiva en la política argentina. Cada insulto institucional genera un efecto multiplicador. Cada acto de agresión verbal desde el poder baja un escalón más la calidad democrática. Y lo más grave es que muchas veces eso ocurre de manera deliberada, porque la confrontación permanente genera rentabilidad política inmediata.

La indignación moviliza más rápido que la reflexión.

El problema es que gobernar no puede consistir únicamente en administrar emociones colectivas. Un gobierno —y también una oposición responsable— tiene la obligación de aportar estabilidad, racionalidad y horizonte. La ciudadanía necesita dirigentes que reduzcan tensiones, no que las profundicen constantemente para consolidar identidades políticas.

Los equipos de comunicación oficiales tienen allí una responsabilidad enorme. Durante años se consolidó la idea de que comunicar es atacar, ridiculizar o humillar al adversario para dominar la agenda pública. Pero una estrategia eficaz en redes sociales puede ser devastadora para la salud institucional de un país. Porque la violencia verbal erosiona lentamente la legitimidad democrática y acelera el desgaste social.

La política argentina parece haber olvidado algo esencial: gobernar también implica cuidar emocionalmente a la sociedad.

No se trata de eliminar el conflicto. La democracia vive del disenso. Las diferencias ideológicas son normales y necesarias. El problema aparece cuando la política abandona la discusión racional y convierte cada diferencia en una guerra moral permanente. Ahí desaparece el adversario y aparece el enemigo. Y cuando toda discusión se convierte en una batalla emocional, el diálogo deja de existir.

La sociedad argentina no está reclamando dirigentes perfectos. Está reclamando dirigentes adultos.

La mayoría de los ciudadanos no espera milagros económicos inmediatos ni soluciones mágicas. Lo que sí espera es cierta responsabilidad institucional. Espera que quienes tienen poder comprendan la fragilidad social que atraviesa el país. Espera dirigentes capaces de discutir sin destruir. Capaces de defender ideas sin humillar personas. Capaces de entender que el liderazgo no se demuestra gritando más fuerte, sino generando confianza.

Porque el problema de una sociedad agotada no es solamente económico. También es emocional y cultural.

Cuando la ciudadanía pierde confianza en la palabra pública, pierde confianza en las instituciones. Y cuando las instituciones pierden legitimidad, la democracia empieza a quedar sostenida únicamente por estructuras formales, pero vaciada de credibilidad social.

La historia demuestra que las naciones no colapsan únicamente por malas decisiones económicas. Muchas veces se deterioran porque pierden cohesión social, porque el resentimiento reemplaza al proyecto común y porque la dirigencia deja de comprender la responsabilidad histórica que implica conducir un país.

La Argentina todavía está a tiempo de evitar ese camino. Pero para hacerlo necesita recuperar algo básico y profundamente revolucionario en estos tiempos: la idea de respeto.

Respeto por la palabra.
Respeto por las instituciones.
Respeto por quien piensa distinto.
Respeto por una sociedad que ya viene soportando demasiado.

Porque ninguna transformación económica será duradera si se construye sobre una ciudadanía emocionalmente destruida. Y porque, al final, las sociedades verdaderamente ricas no son las que acumulan más recursos, sino las que logran conservar la educación, la convivencia y la dignidad incluso en medio de las crisis.

Continuará…