Por Fernando Pérez.

Existe una paradoja semántica en el léxico del poder contemporáneo que merece ser analizada bajo el microscopio de la sospecha. Se trata del hábito, ya casi reflejo, mediante el cual los profesionales de la política —aquellos cuya existencia misma y cargos públicos se deben al ejercicio de la representación ciudadana— utilizan el adjetivo «político» como un insulto, una tara o una categoría de deslegitimación. Cuando un reclamo social incomoda, la respuesta oficial invariablemente consiste en dictaminar que la protesta está «politizada», como si el acto de demandar derechos colectivos perteneciera a una dimensión espuria de la experiencia humana.

Este fenómeno, lejos de ser una excentricidad discursiva, es un síntoma de una patología más profunda: el intento de vaciar el espacio público de su sustancia deliberativa. Lo vimos recientemente en Tucumán. Frente al genuino malestar, las tomas y los reclamos de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas «Juan Bautista Alberdi» —quienes defienden tanto la validez de su histórica currícula lingüística como condiciones edilicias dignas para estudiar—, la ministra de Educación provincial, Susana Montaldo, optó por una retórica conocida: la insinuación de que los estudiantes son manipulados o que sus acciones responden a intereses ajenos a lo educativo. Al intentar despojar a los alumnos de su propia agencia, se desliza la vieja falacia de que la juventud carece de la madurez para concebir un pensamiento crítico autónomo.

Una conducta que se replica a nivel nacional

Esta estrategia de la «asepsia ideológica» no es un patrimonio exclusivo del feudo provincial; es, de hecho, el manual de estilo que el Gobierno Nacional ejecuta a escala macro. Cuando la sociedad civil se moviliza de manera masiva en las Marchas Federales Universitarias en defensa del presupuesto para la educación superior, el funcionariado nacional se apresura a etiquetar la marea humana como un mero «acto político de la oposición». Lo propio ocurre cuando los sectores que nuclean a las personas con discapacidad reclaman contra el desfinanciamiento o la desregulación de las prestaciones asistenciales: la demanda se decodifica en los atriles oficiales no como una urgencia humanitaria o civil, sino como una trampa orquestada por la «militancia partidaria».

Pretender desvincular la protesta de la política es un absurdo lógico y filosófico. Discutir el presupuesto de una universidad es discutir política económica y distributiva; reclamar por bancos sanos o planes de estudio en una escuela es discutir política educativa.

El reduccionismo oficial intenta confundir, de manera deliberada, lo político con lo partidario. Lo partidario es la lógica de la facción, la disputa por el organigrama estatal y el usufructo del poder. Lo político, en cambio, es la condición de posibilidad de la vida en comunidad; es el mecanismo mediante el cual una sociedad decide cómo se distribuyen los recursos, cuáles son sus prioridades éticas y cómo se protege a los más vulnerables. 

Vivir en sociedad es, irremediablemente, habitar la política.

La doble moral.

Al calificar una protesta como «política», el poder de turno opera bajo una doble moral:

Monopolio del sentido: El funcionario se autopercibe como un técnico neutral que gestiona una realidad objetiva e incuestionable.

Criminalización del disenso: Cualquiera que ose cuestionar dicha gestión es eyectado de la esfera de la racionalidad y recluido en el banquillo de los «intereses oscuros».

Sin embargo, el interés no es una mala palabra. Frente a la sospecha permanente que el oficialismo vierte sobre las motivaciones de quienes protestan, cabe recordar que el motor de estas manifestaciones suele ser el interés común. Es el interés por preservar el ascenso social que otorga la universidad pública, el interés por resguardar la identidad pedagógica de una escuela centenaria o el interés por garantizar la dignidad de las personas con discapacidad.

El verdadero peligro de esta retórica no radica en que logre desactivar los conflictos —las sentadas estudiantiles y las plazas llenas demuestran lo contrario—, sino en que erosiona el tejido democrático al promover el desencanto y la antipolítica. Quienes gobiernan deberían registrar que el reclamo en las calles, lejos de ser una anomalía destructiva, es la salud misma del sistema: una sociedad que aún es capaz de politizar sus dolores es una sociedad que se niega a resignarse.