Por Marcelo Velasco.

«La Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre»

– Mahatma Gandhi

Durante años, la burocracia argentina desarrolló una forma particular de poder: no decidir.

Un expediente detenido podía paralizar una inversión, frustrar una exportación o someter una actividad económica a la voluntad informal de un funcionario. No hacía falta prohibir, bastaba con demorar. El silencio administrativo funcionaba, en los hechos, como una negativa sin firma, sin fundamentos y muchas veces sin responsable visible.

La Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía intenta invertir esa lógica.

La norma, publicada el 22 de julio, creó el Registro de Operaciones de Exportación y aprobó un nuevo procedimiento para exportar hidrocarburos líquidos y sus derivados. El régimen alcanza al petróleo crudo, las gasolinas, el gasoil, el propano, el butano y el gas licuado de petróleo. En ese registro deberán asentarse las notificaciones de exportación, las objeciones formuladas por la autoridad y las constancias de libre exportación.

El cambio puede parecer administrativo, pero no lo es.

Hasta ahora, quien pretendía exportar determinados hidrocarburos debía cumplir controles previos y, entre otras obligaciones, publicar una oferta para permitir que potenciales compradores locales adquirieran el producto antes de que saliera del país. La resolución elimina esa exigencia y reemplaza el sistema por una notificación mediante declaración jurada.

Desde ahora, la exportación será la regla. La intervención estatal, la excepción.

La Secretaría de Energía dispondrá de plazos de siete o treinta días hábiles, según el producto, para formular una objeción fundada en razones técnicas o económicas relacionadas con la seguridad del suministro. Si el plazo vence sin objeciones, la operación queda habilitada.

Pero eliminar una duplicación no implica abandonar el interés público. Tampoco basta con llamar “burocracia” a un procedimiento para demostrar que su supresión carece de riesgos.

La pregunta no es si deben conservarse formularios inútiles. Es qué capacidad mantiene el Estado para detectar, antes de que sea tarde, que una exportación puede comprometer el suministro interno. Ese es el verdadero núcleo jurídico del nuevo régimen.

El paso de una autorización previa a un sistema de no objeción modifica la distribución de responsabilidades. Antes, la empresa debía esperar que el Estado habilitara la operación. Ahora, es el Estado el que debe actuar dentro de un plazo breve si pretende impedirla. La carga institucional se invierte.

Ya no es el exportador quien debe demostrar que tiene permiso. Es la Administración la que debe encontrar, comprobar y fundamentar las razones por las que no corresponde exportar.

Pareciera que solo se trata de cambiar el procedimiento, sin embargo, en este caso “el orden de los factores…si altera el producto”, porque la diferencia es que el silencio deja de perjudicar al particular y comienza a beneficiarlo. Si el Estado no responde, la exportación queda expedita.

En términos generales, el silencio positivo puede ser una herramienta saludable, pero los hidrocarburos no son una mercancía indiferente para el funcionamiento de un país. El petróleo y sus derivados inciden en el transporte, la producción industrial, el agro, la generación energética y los costos generales de la economía. Una alteración grave de su disponibilidad puede extender sus efectos mucho más allá del contrato celebrado entre una empresa y un comprador extranjero.

Además, se trata de recursos naturales no renovables. Esa condición cambia la naturaleza del debate: no estamos frente a bienes sustituibles cuya salida del país pueda evaluarse únicamente por el precio de una operación o por la conveniencia inmediata de una empresa. Cada barril extraído y exportado forma parte de un patrimonio energético que no se regenera en los tiempos de la economía ni de la política. Ahí cobra sentido la advertencia de Gandhi: la Tierra puede proveer lo suficiente para satisfacer las necesidades humanas, pero no una lógica de aprovechamiento ilimitado. La frase no niega el uso de los recursos ni condena su explotación productiva…advierte, más bien, que existe una diferencia esencial entre administrarlos para sostener el desarrollo y agotarlos bajo el impulso de beneficios inmediatos, sin medir sus consecuencias colectivas y futuras.

Por eso, su administración exige algo más que rapidez administrativa. Exige una mirada estratégica sobre el abastecimiento interno, la infraestructura disponible, la seguridad energética, el desarrollo federal y la distribución futura de los beneficios. Si esos recursos quedan librados a trámites ineficaces, el problema no es solo la demora: también puede ser la ausencia de una decisión pública capaz de distinguir entre una exportación conveniente y una pérdida irreversible de capacidad energética.

Por eso, aplicar el silencio positivo en este campo requiere algo más que voluntad desreguladora. Requiere información actualizada, sistemas de alerta, coordinación entre organismos y funcionarios capaces de evaluar en pocos días la producción disponible, la demanda proyectada, la capacidad de refinación, los inventarios y las condiciones logísticas.

De lo contrario, una garantía contra la lentitud burocrática puede convertirse en una autorización nacida de la incapacidad estatal, precisamente sobre bienes cuya pérdida o mala asignación no puede corregirse con la misma facilidad con la que se corrige un expediente mal tramitado.

El nuevo régimen obliga al Estado a abandonar el control ritual —el formulario que se presenta porque siempre se presentó— y reemplazarlo por un control inteligente. Eso supone una Administración menos extensa, quizás, pero no más débil.

El discurso público suele presentar la discusión como una elección entre dos modelos absolutos. De un lado, un Estado que interviene, retrasa y desalienta las inversiones. Del otro, un mercado que produce exporta y genera divisas sin necesidad de tutelas.

Una objeción tardía puede enfrentar al Estado con reclamos económicos, disputas contractuales y cuestionamientos sobre la seguridad jurídica. Una ausencia de objeción, en cambio, puede limitar su margen para responder después ante un cambio en las condiciones internas.

No se trata de afirmar que toda exportación amenaza el abastecimiento. Esa presunción también sería equivocada.

Argentina necesita ampliar su producción, aprovechar su infraestructura, atraer inversiones y acceder a mercados internacionales. La expansión de la actividad hidrocarburífera ha sido presentada por el propio Gobierno como una oportunidad estratégica, vinculada con el aumento de la capacidad de evacuación y exportación.

Pero la respuesta no debería ser la retirada del Estado. Debería ser un Estado que intervenga menos veces y con mejores razones.

Para que el sistema sea controlable debería conocerse, al menos en términos compatibles con la confidencialidad comercial, qué productos se exportan, en qué volúmenes, qué operaciones fueron objetadas y cuáles fueron los fundamentos utilizados por la autoridad, porque en definitiva son recursos naturales de nuestra Argentina, que todos pusimos en manos del nuevo gobierno para su cuidado y no para beneficio propio o de unos pocos. La simplificación para las empresas no debería significar opacidad para la ciudadanía.

También está presente la cuestión federal. Las provincias poseen el dominio originario de los recursos naturales situados en sus territorios, mientras que el Estado nacional regula el comercio exterior. El hidrocarburo se extrae en una jurisdicción provincial, circula por infraestructura que puede atravesar varias provincias y finalmente se exporta dentro de un marco nacional.

No hay contradicción necesaria entre esas competencias. Pero sí una necesidad evidente de coordinación.

La seguridad del suministro no puede evaluarse solamente desde un escritorio nacional ni únicamente desde la perspectiva de la provincia productora. El recurso genera regalías locales, contratos privados, divisas nacionales y consecuencias energéticas para todo el territorio.

Un régimen simplificado será mejor si también simplifica el acceso de las provincias a la información relevante y establece canales claros para advertir problemas de producción, transporte o abastecimiento.

La Resolución 166/2026 puede representar un avance si elimina exigencias meramente formales y obliga al Estado a fundamentar sus decisiones.

Pero también puede convertirse en un problema si la rapidez del procedimiento supera la capacidad real de la Administración para analizar cada operación.

La diferencia no estará en la cantidad de formularios, sino en la calidad del Estado que queda después de eliminarlos.

Desregular no debería significar dejar de mirar. Debería significar mirar mejor: abandonar controles automáticos, concentrarse en riesgos concretos y responder dentro de plazos previsibles.

En definitiva, la burocracia argentina hizo daño muchas veces por no decidir, eso no admite discusión, pero un país también puede dañarse cuando decide no mirar. La verdadera modernización no será exportar por silencio, sino demostrar que, aun en silencio, el Estado sabe qué está dejando salir.