Por José Mariano.

«Que la discordia, insaciable de males, no brame jamás en esta ciudad.»
Esquilo, Euménides

Antes de que existieran tribunales hubo la venganza. Una muerte exigía otra muerte, una humillación reclamaba otra humillación, una deuda podía heredarse junto con el apellido. Cada respuesta producía un nuevo agravio y la violencia encontraba en sí misma su propia justificación. Buena parte de aquello que llamamos civilización consistió en construir mecanismos capaces de interrumpir esa secuencia.

La justicia nació de esa necesidad. Su historia puede leerse como el aprendizaje de una renuncia. El individuo abandona el derecho de responder por sí mismo y entrega su agravio a un tercero. Acepta pruebas, procedimientos, plazos y garantías. Tolera incluso que aquel a quien considera culpable tenga derechos que su dolor preferiría negarle. A cambio, el Estado asume la obligación formidable de producir una respuesta.

Esquilo expuso muy temprano la dimensión política de ese desplazamiento. En la Orestíada, una sangre llama a otra. Agamenón es asesinado, Orestes mata a Clitemnestra y las Erinias lo persiguen para cobrar una deuda que parece no terminar nunca. Atenea interrumpe la cadena fundando un tribunal. Las antiguas divinidades de la venganza no son destruidas. Son incorporadas al nuevo orden. Las Erinias se convierten en Euménides. La ciudad se pacifica cuando consigue darle una forma institucional a aquello que antes circulaba como violencia.

La justicia conserva desde entonces esa sombra.

Nietzsche encontró detrás del castigo una genealogía hecha de deuda, culpa, memoria y sufrimiento. René Girard explicó cómo la institución judicial detiene la reciprocidad violenta porque concentra en una instancia legítima la capacidad de responder al agravio. La justicia nunca se desprende por completo de aquello que la hizo necesaria. Lo contiene, lo limita, lo somete a reglas y lo transforma en procedimiento.

El Estado moderno llevó esa operación hasta sus últimas consecuencias. Se atribuyó el monopolio de la violencia legítima y nos prohibió hacer justicia por nuestra propia mano. El derecho interpuso una distancia entre el daño y la respuesta. En esa distancia se encuentra una conquista decisiva de la vida civilizada. Nadie debería ser condenado porque una multitud lo reclame, ni absuelto porque el poderoso lo necesite.

Pero esa distancia descansa sobre una promesa. Renunciamos a la venganza porque suponemos que habrá justicia.

Justicia no significa necesariamente cárcel ni exige que toda acusación termine en condena. Una absolución fundada también es justicia. Pueden serlo la reparación, la restitución, el reconocimiento del daño, una pena proporcional o una solución restaurativa. Lo decisivo es que el derecho consiga establecer responsabilidades y clausurar institucionalmente los conflictos que le fueron confiados.

Una justicia sin consecuencias rompe ese pacto.

Puede conservar sus edificios, códigos, magistrados y expedientes. Puede producir resoluciones, multiplicar audiencias, escritos, recursos, incidentes y sentencias. Puede exhibir una actividad incesante y comenzar, al mismo tiempo, a perder aquello que justifica su existencia. Llega un momento en que el procedimiento deja de ser percibido como garantía y empieza a experimentarse como incapacidad para llegar a alguna parte.

Tucumán ofrece una imagen de esa fractura. Un relevamiento realizado en agosto por el Grupo Borgia encontró que el 64,4 por ciento de los consultados percibe mucha influencia política sobre el Poder Judicial provincial. El 76,2 por ciento considera que su desempeño contribuye poco o nada a reducir la corrupción y el 81,8 por ciento cree que resuelve poco o nada los casos delictivos.

Hay un dato que condensa el problema. Según el informe, desde la eliminación de la Fiscalía Anticorrupción en 2005 ingresaron 219 causas por corrupción y ninguna produjo hasta hoy una condena firme.

Doscientas diecinueve causas son doscientas diecinueve historias diferentes, con pruebas, responsabilidades y desenlaces que no admiten simplificaciones. Una democracia seria tampoco mide la calidad de sus jueces contando condenas. Pero cuando durante dos décadas ninguna de esas causas alcanza una condena firme, la fisura excede cualquier expediente particular. En el mismo relevamiento, la corrupción aparece entre las principales preocupaciones provinciales, mencionada por el 58 por ciento de los consultados. La demanda de justicia crece mientras disminuye la confianza en la institución encargada de administrarla.

Ese encuentro resulta peligroso.

Cuando el daño no encuentra una respuesta institucional, el deseo de respuesta no desaparece. Busca otro lugar. La condena se traslada a las redes sociales, la multitud recupera el juicio y el escarnio sustituye al proceso. El acusado debe ser culpable antes de ser juzgado, la pena debe ser ejemplar, el procedimiento parece un obstáculo y la mano dura recupera el atractivo de las soluciones inmediatas.

La impunidad fabrica vengadores.

El populismo punitivo prospera sobre la experiencia de una justicia que parece no llegar. Cuando los tribunales pierden capacidad para producir una respuesta reconocible, aparecen candidatos dispuestos a prometerla sin tribunales. Cuando el procedimiento pierde legitimidad, la violencia vuelve a ofrecer la seductora claridad de lo inmediato.

La paradoja es terrible. Las garantías que distinguen al derecho de la venganza comienzan a ser atacadas porque la institución encargada de administrarlas ya no consigue convencer a la sociedad de que vale la pena esperar.

El castigo moderno abandonó el espectáculo del cuerpo y se volvió más discreto. Nuestra época ensaya un movimiento extraño. El patíbulo desapareció de la plaza, pero la plaza regresó en las pantallas. Allí volvemos a reunirnos para juzgar, señalar, humillar y reclamar castigo. La vieja multitud encontró una tecnología nueva.

Una justicia sin consecuencias compromete algo que excede ampliamente al Poder Judicial. Está en juego el pacto que permitió reemplazar la represalia por el derecho. El Estado reclama paciencia, confianza y obediencia porque se presenta como la instancia capaz de transformar el agravio en justicia. Cuando pierde esa capacidad, también comienza a desaparecer la razón por la cual aceptamos renunciar a resolver el agravio nosotros mismos.

Las Erinias nunca desaparecieron. Esquilo lo sabía. Todos lo sabemos. 

La civilización consiguió sentarlas dentro del tribunal y convertir su furia en procedimiento. Allí permanecen mientras la justicia conserve la capacidad de producir una respuesta.

El verdadero peligro comienza cuando dejan de creer en ella.

Esto es Fuga.

Edición 68.