Por Enrico Colombres.
“La libertad individual es el límite sagrado en que termina la autoridad de la Patria.”
Juan Bautista Alberdi La pronunció en su discurso “La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual”, preparado para el acto de graduación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el 24 de mayo de 1880.
El 16 de septiembre de 1976, grupos de tareas de la dictadura secuestraron en La Plata a estudiantes secundarios que habían participado en reclamos y militaban políticamente. La memoria popular llamó a aquel operativo la Noche de los Lápices. Seis jóvenes permanecen desaparecidos y cuatro sobrevivieron. No fueron perseguidos simplemente por pedir un boleto estudiantil. Fueron víctimas de un Estado que había convertido la militancia, la solidaridad y hasta la imaginación juvenil en amenazas internas. Medio siglo después, el episodio conserva una advertencia que excede su contexto histórico. Cuando el poder decide que determinados ciudadanos dejan de ser sujetos de derechos y pasan a ser problemas que deben vigilarse, neutralizarse o desaparecer del espacio público, la democracia empieza a vaciarse aunque las elecciones continúen celebrándose.
La posición del actual Gobierno argentino frente a la última dictadura introdujo una ruptura con el consenso democrático construido desde 1983. La llamada “memoria completa”, la negación de la cifra simbólica de 30.000 desaparecidos y la insistencia en equiparar la violencia de las organizaciones armadas con el terrorismo ejercido desde el Estado desplazan el centro de la discusión. No se trata de impedir el estudio de todos los hechos violentos de los años setenta. Se trata de recordar que el Estado dispone de cárceles, fuerzas armadas, policías, servicios de inteligencia y recursos públicos. Cuando utiliza ese poder para secuestrar, torturar, asesinar, apropiarse de niños y ocultar cuerpos, comete crímenes que no pueden compararse jurídicamente con delitos cometidos por particulares. El Gobierno convirtió esa diferencia elemental en un campo de batalla cultural y presentó la memoria como una exageración ideológica, cuando constituye una defensa democrática frente a la repetición.
También Malvinas revela un cambio de lenguaje y de concepción. Durante los gobiernos anteriores, con diferencias de intensidad y resultados, el reclamo se sostuvo sobre la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, el principio de integridad territorial, la ocupación británica de 1833, la presión diplomática multilateral y la construcción de respaldo latinoamericano. Al comienzo de su gestión, Javier Milei mantuvo formalmente la reivindicación, pero envió señales contradictorias. Su admiración por Margaret Thatcher y sus referencias a tomar en consideración la voluntad de los isleños fueron interpretadas como un desplazamiento hacia la tesis británica de la autodeterminación. Más recientemente, el Gobierno endureció su discurso, volvió a exigir negociaciones y anunció una coordinación diplomática, jurídica, económica y defensiva para sostener el reclamo. En septiembre de 2026, la Presidencia afirmó que Malvinas es una causa nacional que debe trascender a los partidos.
Ese giro obliga a formular una pregunta ineludible. ¿Se trata de una política soberana sostenida o de una bandera recuperada cuando comienza a debilitarse la adhesión social? La historia argentina impide tomar esta duda a la ligera. En 1982, Leopoldo Fortunato Galtieri intentó prolongar una dictadura agotada mediante un manotazo de ahogado. Con una economía deteriorada, creciente movilización social y un régimen que ya no podía sostenerse, la Junta buscó en Malvinas una unidad nacional instantánea. La recuperación fue improvisada, careció de una estrategia diplomática y militar realista y terminó enviando al matadero a soldados conscriptos, muchos de apenas 18 años, mal equipados, mal alimentados y sometidos incluso a tormentos por sus propios superiores.
Comparar aquel momento con el presente no significa afirmar que la Argentina se encuentre ante una nueva guerra ni establecer una equivalencia automática entre un gobierno constitucional y una dictadura. Significa reconocer un mecanismo político conocido. Cuando un poder pierde legitimidad interna puede intentar refugiarse en una causa nacional capaz de unir momentáneamente a una sociedad fragmentada. Por eso, cuanto más enfático sea el nuevo discurso sobre Malvinas, mayor debe ser la exigencia de coherencia, continuidad y prudencia. La soberanía no puede convertirse otra vez en escenografía electoral. Malvinas pertenece al pueblo argentino, no al gobierno que necesite utilizarla para recuperar una centralidad perdida.
Las encuestas tampoco ofrecen una fotografía única, pero sí muestran un desgaste y una sociedad profundamente polarizada. Algunos estudios ubicaron la aprobación presidencial cerca del 35 por ciento y la desaprobación por encima del 60, mientras otros conservaron para el Gobierno un respaldo cercano a la mitad de la población. La disparidad no anula el fenómeno. Lo confirma. El oficialismo conserva un núcleo duro, pero perdió adhesión entre sectores que lo habían acompañado como una ruptura con la vieja política. En ciertos relevamientos, una amplia mayoría manifestó que lo peor de la crisis todavía no había pasado. El cansancio ya no se limita a opositores tradicionales. También aparece entre votantes libertarios afectados por la caída del empleo, el cierre de empresas, el deterioro salarial y la distancia entre la promesa de terminar con la casta y una realidad poblada de privilegios, internas y sospechas.
A ese malestar se sumaron episodios que dañaron la promesa moral del Gobierno. La promoción presidencial de la criptomoneda $LIBRA dio lugar a denuncias e investigaciones por una operatoria que provocó enormes pérdidas entre compradores. El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad instaló sospechas sobre presuntos pedidos de coimas y contrataciones de medicamentos. También surgieron cuestionamientos por conflictos de intereses, patrimonios de funcionarios, designaciones, contrataciones directas y manejo de fondos reservados. No corresponde presentar denuncias o causas abiertas como condenas. Pero tampoco corresponde minimizar una acumulación de escándalos que contradice el relato de pureza con el que el oficialismo llegó al poder. La corrupción no deja de ser corrupción porque cambie el color político de quienes aparecen bajo sospecha.
En ese contexto se produjo la reorganización de la inteligencia argentina. En 2024, un decreto disolvió la AFI y restituyó la SIDE, dividida en organismos de inteligencia exterior, seguridad, ciberinteligencia y control interno. Las reformas posteriores ampliaron su capacidad de coordinación, su relación con las fuerzas de seguridad y su intervención como auxiliar excepcional de la Justicia. La Escuela Nacional de Inteligencia adquirió un papel central en la formación profesional y en la creación de una carrera para los agentes.
Profesionalizar la inteligencia no es, por sí mismo, algo negativo. Un Estado necesita producir conocimiento estratégico y contar con agentes capacitados. El problema aparece cuando esa profesionalización se combina con fondos reservados, controles parlamentarios débiles, facultades imprecisas y vínculos internacionales opacos. Existen relaciones de cooperación con organismos estadounidenses y un acercamiento a la arquitectura de seguridad de Washington. Sin embargo, no existe documentación pública suficiente para afirmar como un hecho que la CIA dirija la Escuela Nacional de Inteligencia argentina. Presentarlo de ese modo convertiría una sospecha atendible en una certeza no demostrada. Lo comprobable ya resulta preocupante. Se reformó por decreto una parte sustancial del sistema y se concentró información bajo la conducción de un organismo históricamente atravesado por operaciones clandestinas.
La vigilancia actual ya no necesita sótanos, automóviles sin patente ni hombres con anteojos oscuros. Entre 2024 y 2025, el Ministerio de Seguridad adquirió por contratación directa una licencia de Clearview AI, una plataforma de reconocimiento facial que compara fotografías con una gigantesca base de imágenes obtenidas de sitios públicos y redes sociales. También se compraron herramientas de investigación en fuentes abiertas, servicios de información y drones. La inversión relevada superó los 1,2 millones de dólares. El dato más preocupante no es solamente la compra, sino que el Estado no explicó suficientemente cómo utiliza esas tecnologías, qué bases consulta, cuánto tiempo conserva los resultados ni qué mecanismos permiten corregir identificaciones erróneas.
Buenos Aires ya conocía este problema. En 2019 implementó un sistema de reconocimiento facial para localizar prófugos mediante cámaras conectadas al centro de monitoreo. Posteriormente, la Justicia declaró inconstitucional su funcionamiento y señaló graves irregularidades. En torno de las nuevas herramientas se mencionaron pruebas en el subte y en espacios cercanos a la Floralis Genérica, junto a la Facultad de Derecho. No existe, sin embargo, documentación pública concluyente que permita atribuir esas pruebas al sistema nacional recientemente adquirido. Esa opacidad no tranquiliza. Agrava el problema. En una democracia, el ciudadano debería saber cuándo una cámara simplemente registra imágenes y cuándo un algoritmo intenta identificarlo, reconstruir sus movimientos o asociarlo con otras personas.
Frente a estas tecnologías surgieron nuevas formas de resistencia. No fue principalmente en Corea, sino durante las protestas de Hong Kong de 2019, donde los manifestantes popularizaron tácticas destinadas a dificultar la identificación. Utilizaron máscaras, paraguas, punteros láser, teléfonos descartables, pasajes de transporte pagados en efectivo y prendas diseñadas para confundir algoritmos. La consigna “ser como el agua”, inspirada en Bruce Lee, proponía una movilización sin estructuras rígidas. Aparecer, dispersarse y reaparecer en otro lugar. No ofrecer al poder una conducción única que pudiera encarcelar ni un rostro estable que pudiera archivar.
¿Es esto una revolución 3.0? Puede definirse así si entendemos que no se trata simplemente de utilizar redes sociales. Es una confrontación entre dos inteligencias distribuidas. De un lado, Estados y corporaciones que reúnen rostros, consumos, vínculos, movimientos y opiniones. Del otro, ciudadanos que aprenden a organizarse sin centro, proteger su identidad y transformar objetos cotidianos en instrumentos de resistencia. Pero sería ingenuo romantizarla. Las mismas plataformas que permiten convocar una protesta permiten mapearla. El teléfono que filma un abuso también entrega ubicación, contactos y patrones de conducta. La revolución digital nace dentro de la infraestructura de sus adversarios.
En los años ochenta imaginábamos que para esta época los automóviles volarían. No ocurrió exactamente así, aunque el cielo se pobló de drones capaces de filmar, perseguir objetivos y decidir trayectorias mediante inteligencia artificial. La tecnología avanzó más rápido que nuestra ética. Construimos máquinas capaces de reconocer un rostro entre millones, pero parecemos cada vez menos capaces de reconocer el sufrimiento de quien vive al lado. Podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier lugar del mundo y, sin embargo, nos cuesta hablar con nuestros hijos, vecinos o compañeros de trabajo.
La familia fue debilitándose como primera red de protección social. No porque exista un único modelo familiar legítimo ni porque las familias tradicionales hayan sido siempre espacios armoniosos. La destrucción ocurre cuando cualquier forma de familia queda sometida a jornadas interminables, precariedad, endeudamiento, aislamiento y competencia. Padres sin tiempo, hijos educados por algoritmos, adultos mayores abandonados y hogares transformados en unidades de supervivencia. Mientras tanto, la política explota diferencias reales y legítimas para fragmentar. Minorías, identidades, generaciones y sectores sociales son empujados a enfrentarse por reconocimiento o recursos escasos. El problema no está en sus reclamos ni en cómo cada persona se autopercibe. Está en un sistema que convierte toda diferencia en un mercado electoral y toda identidad en una trinchera.
Las derechas extremas prosperan sobre ese territorio devastado. Transforman la frustración en crueldad, presentan la solidaridad como debilidad y llaman libertad al abandono. Necesitan ciudadanos aislados porque una comunidad organizada es más difícil de disciplinar. Necesitan que el trabajador desprecie al desocupado, que el joven culpe al jubilado, que la mayoría tema a las minorías y que todos sospechen de todos. Entonces el poder ya no necesita prohibir la empatía. Le alcanza con ridiculizarla.
Quizás la nueva resistencia no consista solamente en burlar cámaras o imprimir remeras que confundan algoritmos. Tal vez la verdadera revolución 3.0 sea reconstruir comunidad en una época diseñada para destruirla. Volver a mirar un rostro sin convertirlo en un dato. Defender a alguien que no pertenece a nuestro grupo. Recordar que los lápices desaparecidos no eran símbolos abstractos, sino jóvenes que creían que lo colectivo podía modificar la realidad. El autoritarismo del futuro probablemente no use uniforme. Llegará como una aplicación eficiente, una cámara protectora, una causa patriótica oportunamente recuperada y un discurso que nos asegure que quien nada debe nada teme. Cuando comprendamos que también vigilaban nuestros silencios, quizás ya hayamos entregado voluntariamente todo aquello que alguna vez llamamos libertad.