Por Fernando Crivelli Posse.

“La verdad deja de ser una búsqueda cuando comienza a depender de quién necesita encontrarla.”

Hay una forma de degradación institucional menos visible que la corrupción o el abuso de poder, pero igualmente corrosiva: comienza cuando la realidad deja de ser aquello que debe ser comprendido y pasa a convertirse en material disponible para confirmar convicciones, proteger pertenencias o satisfacer intereses. Desde ese momento ya no buscamos qué ocurrió, sino qué versión de lo ocurrido nos resulta más cómoda, útil o conveniente; y cuando una institución adopta esa lógica, deja de investigar para conocer y empieza a ordenar los hechos según la conclusión que necesita sostener.

El problema no siempre adopta la forma de una mentira deliberada. Muchas veces funciona de un modo más sutil. El sesgo de confirmación nos lleva a valorar con mayor intensidad los datos que coinciden con nuestras ideas, a relativizar los que las contradicen y a interpretar cada nueva evidencia de manera compatible con la conclusión que ya habíamos adoptado. En la vida privada puede conducir a errores. Dentro de la Justicia, la administración pública o los organismos de control, ese error puede transformarse en arbitrariedad institucional.

Toda investigación necesita una hipótesis. Lo que no puede hacer es confundirse con ella. Una hipótesis existe para ser puesta a prueba, incluso para ser abandonada si los hechos demuestran que era equivocada. Investigar seriamente supone aceptar desde el comienzo una posibilidad incómoda: que aquello que creemos cierto no lo sea.

Cuando ocurre lo contrario, el procedimiento se invierte. Primero aparece la conclusión y luego comienza la búsqueda de elementos capaces de sostenerla. Se destaca lo favorable, se relativiza lo inconveniente, se omite aquello que perturba el relato y, finalmente, se construye una decisión aparentemente fundada sobre una realidad que ya fue previamente seleccionada.

Entonces ya no se investiga para conocer.

Se argumenta para justificar.

En la Justicia esta deformación adquiere una gravedad especial porque quien investiga, acusa o decide dispone de poder sobre derechos, reputaciones y libertades. Un fiscal puede sospechar, un juez formar impresiones y un perito elaborar una hipótesis técnica, pero ninguno debería convertir esas aproximaciones en certeza antes de que la prueba permita sostenerlas. La responsabilidad profesional exige exactamente lo contrario: separar convicciones personales de evidencia objetiva y estar dispuesto a revisar la propia conclusión cuando aparecen elementos que la contradicen.

Allí se juega una diferencia esencial entre autoridad y arbitrariedad. La autoridad puede decidir, pero debe explicar por qué. Debe mostrar cuáles fueron los hechos considerados, qué prueba los sostiene, qué argumentos fueron descartados y de qué manera se arriba a una conclusión. La motivación no es una formalidad. Es el mecanismo que permite controlar si una decisión nació verdaderamente de la evidencia o si la evidencia fue ordenada para justificar una decisión ya tomada.

Pero el problema no pertenece solamente a magistrados, fiscales o investigadores. También atraviesa nuestra forma de mirar la realidad.

Frente a una denuncia que afecta a alguien que rechazamos, solemos encontrar rápidamente razones para creerla. Cuando alcanza a alguien cercano, aparecen de inmediato la prudencia, la presunción de inocencia, la necesidad de esperar pruebas y la obligación de conocer el contexto. Todos esos principios son correctos. La contradicción aparece cuando sólo recordamos su existencia dependiendo de quién sea el acusado.

El sesgo de confirmación permite sostener esa doble vara sin advertir plenamente la contradicción. Nuestros errores tienen contexto; los ajenos revelan una esencia. Nuestras irregularidades exigen explicación; las del adversario parecen suficientes para explicar todo un sistema. Cuando los hechos favorecen nuestras convicciones son evidencia; cuando las contradicen pasan a ser operaciones, excepciones o datos irrelevantes.

De esa manera, la verdad deja lentamente de ser un terreno común.

Y una sociedad puede convivir con profundas diferencias políticas, económicas o ideológicas, pero difícilmente pueda sostenerse cuando desaparece una realidad compartida sobre la cual esas diferencias puedan discutirse. Si cada grupo acepta únicamente los hechos compatibles con su identidad o con sus intereses, el debate deja de ser una confrontación de argumentos y empieza a convertirse en una lucha por imponer versiones.

Existe además un problema todavía más grave: cuando la selección de los hechos ya no responde solamente al deseo humano de tener razón, sino a la conveniencia.

Entonces entran en juego intereses políticos, económicos, corporativos o institucionales capaces de favorecer determinada interpretación porque protege posiciones, evita responsabilidades o conserva privilegios. No se busca la explicación que mejor describe lo ocurrido, sino la versión de los hechos que mejor sirve a quien tiene capacidad para imponerla.

Y cuando eso ocurre dentro de una institución pública, la consecuencia excede al perjudicado directo. También pierde la sociedad, porque aquello que debería producir conocimiento confiable comienza a producir justificaciones.

Una administración puede elegir solamente las estadísticas que respaldan su discurso. Un organismo puede investigar con extraordinaria severidad a unos y con llamativa prudencia a otros. Una estructura jerárquica puede convertir una decisión equivocada en una verdad institucional simplemente porque nadie está dispuesto a contradecir a quien la adoptó.

Por eso la responsabilidad nunca desaparece detrás de la organización.

Cada informe tiene una firma. Cada prueba fue incorporada, descartada o ignorada por alguien. Cada conclusión fue redactada por una persona. Cada orden fue impartida y ejecutada por individuos que conservan, dentro de los límites de su función, la obligación de preguntarse si aquello que hacen es compatible con la ley, con la evidencia y con la responsabilidad que asumieron y juraron respetar.

Una institución verdaderamente fuerte no es aquella que jamás reconoce un error, sino aquella que posee mecanismos para descubrirlo y suficiente honestidad intelectual para corregirlo. Reconocer la propia falibilidad no debilita la autoridad; la vuelve confiable.

El deterioro comienza cuando admitir una equivocación resulta más costoso que sostenerla. Entonces la institución deja de utilizar la evidencia para corregirse y comienza a utilizarla para defenderse. Cada contradicción se transforma en una amenaza, cada dato incómodo debe ser explicado y la decisión original termina adquiriendo un valor superior a los hechos que debería haber interpretado.

Llegados a ese punto, la consecuencia es inevitable.

Si nuestras convicciones determinan qué pruebas aceptamos, si nuestros intereses condicionan qué hechos consideramos relevantes y si nuestras instituciones protegen sus conclusiones antes que someterlas a revisión, la realidad deja de tener fuerza suficiente para contradecirnos.

Y una Justicia, una institución o una sociedad que pierde esa posibilidad puede conservar procedimientos, expedientes, resoluciones y discursos, pero habrá comenzado a perder algo bastante más profundo:

la capacidad de conocer una realidad distinta de aquella que deseaba encontrar.

Continuará…