Por Marcela Zadoff.

«La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor».

— Albert Camus, L’Homme révolté.

La hora de los ciudadanos

Vivimos en ciudades donde nuestra participación en las decisiones estratégicas que nos modifican la vida es cada vez más limitada. Elegimos representantes para gobernar, pero esa representación parece convertirse en un cheque en blanco. Los gobiernos terminan administrando como propio un poder que pertenece a la ciudadanía, mientras nuestra capacidad de intervenir, exigir explicaciones y controlar sus decisiones queda reducida al voto cada cuatro años.

El “consuelo” como un chupetín ya lamido, es el voto cada cuatro años, pero el ciudadano, en lugar de sentirse protagonista de una historia llena de seductores, propuestas decentes e indecentes, se siente agobiado. Siente una incomodidad que se renueva, desconfía de las propuestas, no sabe dónde están los ladrillitos del viejo y querido Rasti para armar una ciudad sin fastidio.

Ese resabio no es nuevo: Freud ya había mostrado que toda cultura exige renuncias, disciplina y contención del deseo en El Malestar en la Cultura (1930). La ciudad moderna, con sus normas, sus prohibiciones y sus rituales de orden, sigue produciendo ese malestar freudiano: pagar para pertenecer, pagar para estacionar en el espacio público (administrado como si fuera patrimonio del gobierno), aguantando la bronca mientras contemplamos el confort de los edificios del gobierno.

Son construcciones elevadas y rodeadas de sistemas de seguridad, donde se toman decisiones que afectan a la totalidad de la población. En la periferia, en cambio, pasamos, manejando a toda velocidad, por el costado de villas miseria donde la pared es un cartón y el techo un pedazo de chapa con ladrillos encima, para que no se vuele, y un horizonte tan pequeño, como pequeños son los cordobesitos inocentes que pueblan esas casuchas. Tampoco actuamos para ayudarlos, pasamos de largo, así como atravesamos las calles perimetrales de countries donde vemos mansiones con amplios jardines. Esa es la extraña periferia de Córdoba, donde al norte y al sur se extienden los barrios cerrados ricos, y entre ellos las villas miseria que también son impenetrables.

Entonces volvemos a mirarnos en el viejo y querido espejo de la resignación.

A despertarnos, desde hace tiempo, ha venido el filósofo coreano Byung-Chul Han. Su crítica a la autoexplotación, desarrollada en La sociedad del cansancio, permite pensar otra dimensión de este malestar. Ya no vivimos en una cultura donde es posible diferenciar el opresor del oprimido, porque somos nuestro propio carcelero. El sujeto internalizó la exigencia y es autoexplotado bajo las premisas del rendimiento, la negación del ocio y del placer individual que no implique consumo. Un mecanismo perfecto para que nos sintamos engranaje de un reloj cuando no nos dan ni la hora.

En la ciudad contemporánea conviven ambos malestares: el de la prohibición y el de la autoexigencia del rendimiento. El aparato del Estado con su poder de decisión y de represión nos exige mansedumbre citadina ante la agenda cultural y social que promueve.

La cultura urbana actual no trata al ciudadano como sujeto de derecho, sino como consumidor. El impresionante aparato publicitario vende la imagen de que la felicidad es tomar mate en una plaza con flores mientras la salud pública está deteriorada y los sueldos de profesionales de la Salud por debajo de la tremenda responsabilidad de curarnos. Los policías que arriesgan su vida para cuidar la nuestra también son empleados del Estado provincial que limita su tarea a partir de prioridades que también deberían poder discutirse públicamente.

En esta agenda que impone el gobierno de la provincia y la municipalidad de Córdoba, se juega también nuestra identidad. La Docta tiene olor a choripán y ritmo de cuarteto de manera casi excluyente de otros sabores y otras voces. La ciudad tiene una diversidad cultural enorme, pero oficialmente destaca el cuarteto. No porque sea la única música popular, sino porque el Estado lo elige como emblema, lo financia y lo declara de interés. Lo mismo ocurre con las artes visuales: Córdoba tiene una comunidad de artistas plásticos prolífica, pero se cultiva reiteradamente el homenaje a la historieta cómica. Esa selección no es casual: es curaduría estatal. Los beneplácitos y las declaraciones de interés funcionan como aduanas culturales. En ese proceso, el ciudadano permanece fuera de la curaduría de su propia identidad urbana.

Mientras todo el centro tiene las calles cortadas por obras de canteros centrales que convierten las avenidas en bretes angostos, la ciudad recibió el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries. El derecho a manifestarse forma parte de la ciudadanía que reclamamos. También corresponde exigir que las autoridades organicen el uso del espacio público y actúen frente a los daños que se produzcan.

El malestar urbano es, en esencia, la incomodidad de vivir en una ciudad que nos deja participar como espectadores, pero no como protagonistas. La participación inteligente aparece, entonces, como la única forma de reducir ese malestar: es la restitución del lugar del ciudadano en una cultura que lo ha degradado a consumidor. Es la recuperación de la voz en una ciudad que nos quiere silenciosos.

Porque una Ciudad Inteligente está atenta a las necesidades de su gente. Una ciudad es inteligente cuando sus habitantes pueden incidir en las decisiones que la afectan, cuando la participación deja de ser un gesto amable y se convierte en un mecanismo vinculante. Cuando abre las puertas de sus edificios estatales para que entre el aire fresco de las ideas de sus ciudadanos.

Porque observar en silencio produce desilusión, conformismo: la sensación de que la ciudad ya no es un proyecto compartido, sino un escenario administrado por el gobierno de turno. En ese vacío, los gobiernos proclaman que el espacio público pertenece al pueblo, pero regulan quién puede usarlo, qué actividades son legítimas y qué expresiones culturales merecen visibilidad. Los beneplácitos y las declaraciones de interés (municipal y provincial) funcionan como filtros invisibles que deciden qué Córdoba se muestra y qué Córdoba queda en la sombra. Entonces no somos ciudadanos sino meros habitantes, transeúntes de un pasillo angosto que se va cerrando por sobre nuestra voluntad, para domarla.

La participación ciudadana, tal como se practica, tampoco corrige este desequilibrio. Nos conforman con auditorías tibias y con portales de transparencia que apenas se insinúan tras un vidrio muy opaco. En ese esquema, la participación se vuelve un simulacro que administra la distancia entre Estado y ciudadanía.

Ese silencio impuesto no es natural: es estructural. Es el diseño mismo del sistema. La participación vinculante aparece, entonces, como un mecanismo para corregir la desazón. Para que el gobierno conozca qué queremos los cordobeses, en lugar de imponernos qué debemos querer y qué pagar. Quiero conocer y discutir los criterios con los que se asignan recursos a congresos, actividades y programas públicos. Quiero que los salarios docentes sean una prioridad presupuestaria y que las medidas de fuerza dejen de ser la respuesta recurrente a un problema que las autoridades postergan.

El Estado no pierde autoridad cuando coparticipa poder: la gana. Porque la autoridad democrática no surge de la concentración, sino de la legitimidad. Y la legitimidad se construye con participación vinculante. La participación vinculante no es una amenaza al gobierno: es una extensión de su capacidad de gobernar. Un gobierno que decide con la ciudadanía gobierna mejor, porque gobierna con más información, más legitimidad y más resiliencia. Porque si se consulta a los cordobeses qué queremos, el gobierno gana la representatividad que ostenta.

Hoy este proceso de exclusión no es culpa de la ciudadanía: es el resultado de un diseño institucional que no contempla mecanismos de incidencia continua. La participación vinculante es, en términos estrictos, la democratización del tiempo político. Con más razón cuando hablamos de los problemas que padecemos, porque en reiteradas ocasiones el ciudadano común tiene las mejores soluciones: ideas que nacen de la necesidad…

Para que la participación vinculante exista, debe institucionalizarse. No alcanza con proclamarla: hay que diseñarla. Córdoba necesita criterios públicos de reconocimiento cultural, órganos mixtos de decisión, protocolos de uso del espacio público y presupuestos participativos vinculantes. Los criterios deben ser públicos, codiseñados y auditables. Los protocolos deben democratizar la calle, la plaza, el parque, el escenario urbano. Y los presupuestos deben dejar de ser discrecionales para convertirse en política pública compartida.

La participación vinculante democratiza la visibilidad y el reconocimiento. Permite discutir las prioridades del gasto cultural, revisar los criterios de financiamiento y ampliar el acceso a los espacios públicos. Esos mecanismos deben garantizar la pluralidad y los derechos de las minorías, para que ninguna mayoría circunstancial monopolice la identidad de la ciudad. La identidad cordobesa de raíz, donde hay lugar para todos, por fin podría empezar a mostrar su plenitud.

La participación inteligente es una forma de gobernanza. Es la posibilidad de que la ciudad deje de ser un escenario administrado y vuelva a ser un proyecto compartido. Es reclamar más poder para cumplir con nuestra función como ciudadanos: sostener, corregir y orientar el rumbo de la ciudad que habitamos.

Y aquí aparece el ciudadano inteligente y comprometido: aquel que entiende que la libertad no es un estado, sino una práctica; la participación no es una opinión, sino una incidencia; la ciudad no es un paisaje, sino una responsabilidad compartida. El ciudadano inteligente no espera cuatro años para hablar: exige mecanismos para hablar siempre. No se conforma con ver: quiere comprender. No se conforma con comprender: quiere decidir. No se conforma con decidir: quiere corregir. Y no se conforma con corregir: quiere construir.

La hora de los ciudadanos no es una consigna: es una necesidad estructural. Es la oportunidad de ser mejores, como escribió Camus. Y esa oportunidad, en una democracia, no se delega: se ejerce. Porque una ciudad inteligente no es la que incorpora tecnología, sino la que incorpora ciudadanía.