Por Fernando Crivelli Posse.
“La forma más resistente de una injusticia aparece cuando, después de repetirse durante años, corregirla comienza a parecernos injusto.”
Hay sociedades que conservan determinadas prácticas porque funcionan y otras que terminan conservándolas simplemente porque existen desde hace demasiado tiempo. La diferencia parece menor, pero contiene una parte importante de nuestro problema institucional: aquello que alguna vez comenzó como una excepción, una concesión, una irregularidad tolerada o un beneficio circunstancial puede repetirse durante tantos años que dejamos de preguntarnos por qué existe y comenzamos a considerar que su continuidad constituye un derecho.
El mecanismo puede llegar a nacer con un fin legítimo pero el tiempo demuestra lo que nos hemos habituado a tolerar. Primero recibimos un beneficio y lo agradecemos; después nos acostumbramos, más tarde lo esperamos y finalmente sentimos como una injusticia que alguien pretenda retirarlo. La repetición modifica nuestra percepción hasta confundir dos cosas completamente diferentes: que algo haya ocurrido durante mucho tiempo no significa que haya debido ocurrir, ni mucho menos que deba continuar ocurriendo.
Una República no puede desconocer derechos adquiridos, seguridad jurídica, buena fe ni situaciones legítimamente consolidadas. Tampoco toda costumbre es una deformación: existen prácticas que el propio derecho reconoce y protege. Pero ninguna de esas categorías debería servir para ocultar una distinción elemental: no todo aquello que el poder permitió durante años se convierte, por el solo transcurso del tiempo, en algo que la sociedad esté obligada a perpetuar.
El problema comienza cuando la excepción deja de sentirse excepcional. Un cargo creado para atender una necesidad transitoria permanece cuando aquella necesidad desapareció; una oficina conserva funciones que la tecnología volvió innecesarias; una intermediación inútil continúa porque alrededor de ella crecieron intereses; una prerrogativa política o administrativa termina incorporándose a la estructura hasta que nadie recuerda demasiado bien cuál fue su justificación inicial. Cuando finalmente alguien intenta revisar esas situaciones, quienes se beneficiaron de ellas ya no sienten que están defendiendo una ventaja: sienten que están perdiendo algo que consideran suyo.
Allí se produce una de las inversiones más interesantes del poder. El privilegio deja de necesitar explicación y quien debe comenzar a justificarse es aquel que pretende eliminarlo. En lugar de preguntarnos por qué alguien merece una ventaja respecto del resto, empezamos a preguntarnos con qué derecho alguien pretende quitársela.
El argumento suele aparecer disfrazado de una frase aparentemente incontestable: “siempre fue así”.
Pero la antigüedad no constituye una razón moral. Una práctica puede tener décadas y continuar siendo ineficiente; puede ser tradicional y seguir siendo injusta; puede haber beneficiado a generaciones enteras sin haber dejado por eso de constituir una ventaja difícil de justificar. El tiempo explica una costumbre, pero no necesariamente la legitima.
Esto permite comprender por qué algunas reformas provocan resistencias que parecen mucho mayores que aquello que aparentemente está en discusión. No siempre se debate una concepción filosófica del Estado, una teoría económica o un determinado modelo de sociedad. A veces hay algo bastante más concreto: alguien puede perder una posición, una intermediación, una estructura, un ingreso, una influencia o una cuota de poder que durante años aprendió a considerar normal.
Y cuanto más tiempo haya existido esa situación, mayor será el costo de corregirla. Allí aparece una paradoja que rara vez advertimos: la tolerancia de hoy puede convertirse en la imposibilidad política de mañana. Cada irregularidad que una institución decide no corregir, cada excepción que repetimos sin revisar su fundamento y cada beneficio que dejamos crecer alrededor de una estructura construye intereses que más tarde estarán dispuestos a defender su continuidad.
Esa es también una de las razones por las cuales el pasado posee tanta fuerza para resistir al futuro.
En la columna anterior hablábamos de un país que continúa discutiendo con categorías pertenecientes a un mundo que cambia aceleradamente. Pero las estructuras antiguas no sobreviven solamente porque alguien continúe creyendo intelectualmente en ellas. Muchas veces sobreviven porque alrededor suyo existe una arquitectura de intereses que perdería algo si desaparecieran.
Una regulación obsoleta puede proteger un negocio; una oficina innecesaria, sostener una estructura; una intermediación ineficiente, conservar influencia; y una prerrogativa, asegurar una cuota de poder. Cuando esas prácticas se prolongan durante años, ya no estamos frente a simples deformaciones administrativas, sino ante la mediocridad institucional convertida en sistema: personas que llegan a la función pública no para servir al pueblo, sino para servirse de él, proteger cargos, conservar privilegios y asegurar su propia permanencia. Allí el bienestar general deja de ser la finalidad de la política y se transforma en una fórmula vacía, mientras la supervivencia dentro de la estructura vale más que la capacidad, el mérito o el deber de gobernar para todos.
Eso tampoco autoriza a convertir cualquier resistencia a una reforma en defensa de privilegios. Una reforma puede ser jurídicamente defectuosa, económicamente regresiva, arbitraria o simplemente equivocada, y quien se opone a ella puede hacerlo por razones absolutamente legítimas. Precisamente por eso necesitamos abandonar nuevamente las etiquetas y formular una pregunta mucho más incómoda: ¿qué fundamento posee aquello que queremos conservar?
Si la respuesta termina reduciéndose a que siempre existió, todavía no hemos justificado nada.
La política conoce perfectamente esta dinámica. Cada generación promete modificar aquello que considera inútil, costoso o privilegiado, pero al intentar hacerlo descubre que detrás de cada estructura existe alguien dispuesto a defenderla. La reforma comienza entonces a negociarse, se demora, se fragmenta y muchas veces termina modificando el nombre de aquello que pretendía transformar.
Así se consolida una secuencia difícil de romper: primero toleramos una excepción, después la normalizamos, más tarde genera una expectativa y finalmente esa expectativa comienza a reivindicarse con el lenguaje de los derechos.
La consecuencia más grave no es solamente económica ni administrativa. Es moral.
Cuando convivimos demasiado tiempo con determinadas prácticas, dejamos de percibirlas. Lo que alguna vez habría generado indignación comienza a formar parte del paisaje y hasta quienes nunca obtuvieron ventaja alguna terminan aceptándolo como inevitable. Las malas costumbres no deforman solamente las instituciones; también deforman nuestra capacidad para juzgarlas.
Entonces ocurre una inversión extraordinaria: lo anormal adquiere apariencia de normalidad y quien pretende corregirlo empieza a ser presentado como quien provoca el conflicto. Ya no parece necesario explicar por qué determinado privilegio debería continuar; debe defenderse quien pregunta por qué debería existir.
Ese quizá sea uno de los obstáculos más profundos para cualquier transformación seria. Reformar no consiste solamente en modificar leyes, digitalizar procedimientos o reducir estructuras; implica discutir aquello que una parte de la sociedad ha aprendido a considerar natural. Y ésa es una tarea particularmente ingrata porque las personas rara vez sienten que están perdiendo un privilegio: sienten que están perdiendo algo que les pertenece.
Por eso una República necesita distinguir con enorme cuidado entre derechos y ventajas, entre seguridad jurídica y perpetuación de irregularidades, entre protección legítima y simple resistencia a perder una posición adquirida. Defender derechos constituye una obligación; transformar toda práctica arraigada en una situación intocable significa condenar a una sociedad a no poder corregirse jamás.
Quizá allí se encuentre la forma más peligrosa de una mala costumbre: no cuando todos reconocemos que está mal y decidimos tolerarla, sino cuando el paso del tiempo consigue borrar incluso la conciencia de que alguna vez fue excepcional.
Entonces ya no hace falta imponer la injusticia ni defenderla abiertamente.
Alcanza con haberla repetido durante suficiente tiempo para que corregirla empiece a parecernos injusto.
Continuará…