Por Enrico Colombres.
“Seamos libres y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos.”
José de San Martín.
Pertenece a la Orden General del 27 de julio de 1819, dirigida al Ejército de los Andes. San Martín exhortaba a continuar la lucha por la independencia y comprometía a los mandos a compartir las privaciones de sus soldados.
Nos están acostumbrando a pagar con nuestras vidas una cuenta que nunca termina. Se paga cuando el sueldo pierde frente al supermercado, cuando una familia posterga un tratamiento o cuando un joven descubre que trabajar ya no alcanza para independizarse. Mientras tanto, cada préstamo se presenta como una victoria o el necesario subterfugio y cada sacrificio como el último esfuerzo necesario. Después llega otro vencimiento. Y otra exigencia. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién está decidiendo nuestro futuro y cuánto más piensa comprometer en nuestro nombre?
La Argentina produce alimentos, tiene energía, minerales, agua y conocimiento. Cuenta con trabajadores y profesionales que sostienen actividades valiosas incluso en condiciones adversas. Sin embargo, vuelve una y otra vez a buscar dólares para superar la próxima urgencia. Esa contradicción exige mirar las decisiones que organizan nuestra economía. También obliga a reconocer una asociación persistente entre intereses externos que buscan rentabilidad y sectores locales que construyen poder facilitándoles negocios, aun cuando sus costos terminen distribuidos entre millones de argentinos.
El endeudamiento acompaña nuestra historia desde los primeros años de organización nacional. Ya entonces aparecieron compromisos cuyos efectos sobrevivieron largamente a quienes los contrajeron. Allí hay una enseñanza que seguimos desatendiendo. Un funcionario puede firmar durante su mandato obligaciones que condicionarán a varias generaciones. Su urgencia política dura meses. La responsabilidad del país se extiende durante décadas. Por eso resulta inadmisible que operaciones de semejante alcance se defiendan mediante consignas publicitarias o explicaciones que esquivan sus consecuencias.
Nuestra relación con el mundo también estuvo atravesada por una disputa sobre el lugar que nos correspondía ocupar. Producir materias primas permitió generar riqueza, pero dejó abierta la cuestión de quién controlaba el crédito, el transporte, la tecnología y el comercio. Esa discusión sigue vigente. Exportar más puede fortalecer al país si permite desarrollar capacidades propias. También puede profundizar su fragilidad cuando la expansión depende de decisiones ajenas y deja escasos beneficios duraderos en los territorios donde se produce.
La última dictadura agravó esa subordinación mediante una política económica que favoreció la especulación, multiplicó obligaciones externas y trasladó al Estado riesgos privados. La represión destruyó, además, posibilidades de organización y resistencia. La democracia heredó deudas junto con heridas sociales profundas. Conviene recordarlo cuando ciertos sectores presentan al Estado como una carga insoportable. Algunos negocios pudieron sobrevivir gracias al respaldo público, mientras las consecuencias de aquellas decisiones siguieron pesando sobre personas que jamás participaron de sus ganancias.
La democracia tuvo que enfrentar esa herencia y también debe responder por sus propios errores. La corrupción, la inflación persistente, la improvisación y la protección de privilegios deterioraron nuestra capacidad de construir una salida. Ninguna invocación a la soberanía alcanza para justificar una administración ineficiente o un negocio entre amigos. Una crítica seria debe exigir responsabilidades incluso a los dirigentes con quienes comparte ideas. De lo contrario, el discurso nacional termina funcionando como cobertura de prácticas que aumentan la dependencia.
La relación con el Fondo Monetario expone esa dificultad para cambiar de rumbo. Gobiernos distintos acudieron al organismo, renegociaron condiciones y prometieron que el esfuerzo permitiría recuperar autonomía. Sin embargo, la próxima revisión volvió a instalarse en el centro de la discusión económica. Esa continuidad merece un examen que atraviese las lealtades partidarias. El país necesita saber cómo saldrá de ese circuito, qué capacidades deberá construir y cuándo podrá financiar su desarrollo sin someter sus prioridades a una urgencia permanente.
El Fondo responde a una estructura institucional y a una determinada visión económica. La Argentina debe responder a las necesidades de su población. Confundir ambas responsabilidades debilita cualquier negociación. Un acreedor puede considerar satisfactorio un programa cuyos costos sociales resulten difíciles de sostener para quien lo ejecuta. Corresponde a nuestras autoridades discutir esas condiciones y explicar sus efectos. Cuando presentan toda exigencia como indiscutible, renuncian a una parte esencial de su función y trasladan esa renuncia al conjunto de la sociedad.
Los intereses internacionales encuentran terreno favorable cuando las dirigencias locales aceptan esa resignación. Allí aparece una simbiosis que merece ser cuestionada sin rodeos. Unos obtienen garantías, rentabilidad o acceso privilegiado. Otros consiguen respaldo financiero y reconocimiento político inmediato. Las obligaciones quedan. Llamar traición a determinadas conductas expresa una condena moral grave, que debe sostenerse identificando decisiones, beneficiarios y perjuicios. La indignación necesita precisión para convertirse en control ciudadano y alcanzar a quienes comprometen el interés nacional.
Nuestros recursos hacen urgente esa vigilancia. La energía, los minerales, el agua y los alimentos pueden sostener un desarrollo duradero. También pueden convertirse en oportunidades extraordinarias para quienes negocien condiciones favorables aprovechando nuestras necesidades financieras. Por eso debemos examinar cada acuerdo con exigencia. Cuánto valor queda aquí, qué tecnología incorporamos, qué proveedores participan y cómo se protege el ambiente son preguntas centrales. La llegada de capital merece evaluarse por las capacidades que deja instaladas, además de las cifras anunciadas.
Las instituciones pueden fortalecer esa evaluación o prestarle una apariencia respetable a decisiones perjudiciales. Un Congreso que recibe información insuficiente difícilmente pueda discutir compromisos de largo plazo con seriedad. Un organismo técnico debilitado pierde capacidad para advertir riesgos. Una justicia selectiva erosiona la confianza necesaria para exigir responsabilidades. Así se reduce la calidad de la democracia, aun cuando sus procedimientos continúen funcionando. La soberanía también depende de expedientes accesibles, controles efectivos y funcionarios dispuestos a responder preguntas difíciles.
El cansancio de la población facilita ese deterioro. Quien llega exhausto a su casa después de trabajar y hacer cuentas dispone de menos tiempo para revisar contratos o contrastar explicaciones. Sobre ese agotamiento prosperan los discursos que exigen confianza ilimitada y presentan cualquier objeción como una amenaza. Defender la opinión de nuestro pueblo requiere garantizar información y espacio para discutir. Una ciudadanía capaz de preguntar puede reconocer errores, aceptar esfuerzos razonables y rechazar abusos. Silenciarla solamente beneficia a quienes prefieren decidir sin controles.
La dependencia se vuelve concreta cuando una deuda doméstica absorbe el ingreso o el miedo a perder el trabajo obliga a soportar cualquier condición. Esa presión restringe la libertad cotidiana. Por eso, una política económica debe evaluarse también por las posibilidades que abre para estudiar, trabajar, atender la salud y formar una familia. La estabilidad necesita traducirse en horizontes reconocibles. Pedir paciencia indefinida mientras se deterioran esas posibilidades convierte el esfuerzo colectivo en una obligación cuyo beneficio siempre parece quedar para después.
Construir una alternativa exige ordenar las cuentas, combatir la corrupción, distribuir justamente las cargas y desarrollar producción, ciencia y tecnología. También requiere acuerdos duraderos entre trabajadores, empresarios, universidades y provincias. La unión patriótica puede surgir de esas tareas compartidas, conservando las diferencias y sometiendo a todos al mismo deber de rendir cuentas. Cada préstamo y cada concesión deberían examinarse por sus consecuencias futuras. Qué país dejarán. Qué margen tendrán nuestros hijos para decidir. Recuperar esas preguntas es empezar a recuperar la patria soberana.