Por Fernando Pérez.

La dialéctica oficialista ha logrado, con una destreza comunicacional digna de estudio, reducir la complejidad del Estado a una caricatura de pasillo: el empleado público como un ente estático, entregado a la parsimonia del café matutino mientras la sociedad civil naufraga en un mar de trámites inconducentes. Bajo esta narrativa de la «casta», el presidente Javier Milei ha erigido un altar al ajuste, celebrando con una arrogancia casi mística la poda salarial en el sector estatal como si se tratara de un acto de justicia poética.

Sin embargo, detrás de la cortina de humo de la retórica libertaria, la realidad exhibe una morfología mucho más cruda y menos ideologizada. Se asoma allí una peligrosa confusión entre el privilegio y la función.

La construcción del enemigo público: ¿Grasa o músculo?

El Gobierno y sus acólitos digitales operan sobre un sesgo de confirmación muy potente. Al asociar sistemáticamente el concepto de «empleado público» con la burocracia improductiva, logran que el ajuste sea percibido por su base electoral no como una pérdida de calidad institucional, sino como un triunfo moral. Es la estética del castigo: si el Estado es el «pedófilo en el jardín de infantes», desfinanciar a quienes lo integran es una forma de liberación.

Pero el análisis de la estructura del gasto revela una falacia de composición. El «ahorro» que el Presidente exhibe como un trofeo de guerra no surge únicamente de las capas geológicas de la militancia rentada, sino de los estratos fundamentales que sostienen el tejido social. Estamos ante una proletarización de la idoneidad:

Salud y Seguridad: Médicos, enfermeros y efectivos policiales cuyos haberes hoy corren muy por detrás de la inercia inflacionaria, degradando el servicio básico de cuidado.

Educación Primaria y Secundaria: Docentes que sostienen la alfabetización en un contexto de vulnerabilidad creciente, asumiendo roles que exceden lo pedagógico.

La Universidad: El último bastión del ascenso social

Esta lógica del desfinanciamiento alcanza su paroxismo en el conflicto con las universidades nacionales. El ajuste brutal sobre los presupuestos académicos no es un hecho aislado, sino la culminación de esa misma visión que desprecia lo público por considerarlo intrínsecamente ineficiente o, peor aún, un centro de «adoctrinamiento».

Aquí la contradicción es total. Se intenta presentar a la universidad pública como un gasto superfluo, ignorando que el capital humano —ese que el propio Milei dice valorar en sus citas a Gary Becker— se produce precisamente en esas aulas. Al asfixiar salarialmente a los investigadores y docentes universitarios, el Gobierno no está combatiendo a la «casta»; está dinamitando el puente del ascenso social y la excelencia técnica del país.

«El riesgo de confundir el músculo con la grasa es que, al final del día, el cuerpo social termina perdiendo su capacidad de movimiento.»

El peligro de la anomia estatal

Festejar la caída del salario público es, en última instancia, una victoria pírrica. Cuando un médico cirujano de un hospital nacional o un titular de cátedra perciben remuneraciones que rozan el umbral de la indigencia, el sistema no se vuelve más eficiente; simplemente se vacía.

La paradoja es inquietante: en su afán por destruir al Leviatán, la administración actual podría terminar creando un Estado fallido por diseño. Un escenario donde la seguridad sea un lujo privado y la educación superior un recuerdo de una Argentina que supo ser vanguardia. La casta, mientras tanto, suele tener los recursos y los contactos suficientes para no sufrir jamás las consecuencias de este desierto institucional.

¿Estamos ante un saneamiento de las cuentas o ante una amputación programada del futuro? Por ahora, el orgullo presidencial parece inclinarse por lo segundo.