Por Emilse Maldonado.

«La democracia no consiste solamente en elegir gobernantes, sino en limitar el poder de quienes gobiernan.»

— Karl Popper

En Tucumán existe una ley que parece llegar desde otro tiempo.

La Ley de Contravenciones Policiales persiste como un murmullo oscuro proveniente de una época que creíamos superada. Mientras la democracia argentina intenta consolidar instituciones cada vez más respetuosas de los derechos y las garantías constitucionales, esta normativa conserva una lógica que habilita a las fuerzas de seguridad a intervenir sobre cuerpos y conductas con amplios márgenes de discrecionalidad.

El problema no es solamente jurídico. También es histórico y político.

Porque cuando una sociedad permite que determinadas prácticas sobrevivan durante décadas, la pregunta deja de ser únicamente qué dice una ley y pasa a ser qué memorias siguen habitando nuestras instituciones.

Uno de los antecedentes más dolorosos que permite comprender esta problemática es el caso de Walter Bulacio. En 1991, con apenas diecisiete años, fue detenido a la salida de un recital sin orden judicial. Su familia nunca fue notificada. Horas después apareció golpeado en una dependencia policial. Murió pocos días más tarde como consecuencia de esas agresiones.

Su muerte expuso públicamente el sistema de detenciones arbitrarias conocido como «razzias», una práctica que permitía detener jóvenes bajo la excusa de averiguaciones o contravenciones. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino por la violación de garantías fundamentales.

Más de treinta años después, aquel episodio continúa funcionando como una advertencia.

No porque la historia se repita exactamente igual, sino porque algunas formas de control encuentran maneras de adaptarse y sobrevivir.

Mientras intentaba comprender cómo una normativa de estas características continúa vigente en pleno siglo XXI, descubrí que la pregunta ya no era solamente jurídica. Había algo más profundo detrás de esa persistencia. Comencé a preguntarme qué formas del pasado permanecen ocultas dentro de nuestras instituciones y qué mecanismos seguimos aceptando simplemente porque nos hemos acostumbrado a ellos.

Fue entonces cuando aparecieron dos autores que, desde lugares diferentes, ayudan a pensar este problema: Michel Foucault y Hannah Arendt.

Foucault sostenía que el poder resulta más eficaz cuando deja de mostrarse como fuerza y se convierte en una práctica cotidiana. Cuando se infiltra en los hábitos, en las miradas, en los procedimientos aparentemente normales. Desde esa perspectiva, una ley de contravenciones no es solamente una herramienta jurídica. También puede funcionar como un mecanismo de disciplinamiento, una forma de determinar quién resulta sospechoso, quién merece vigilancia y quién queda expuesto al control permanente.

Lo más inquietante de estos dispositivos es que muchas veces operan sin necesidad de recurrir a la violencia visible. Su eficacia radica precisamente en que terminan pareciendo naturales.

Arendt, por su parte, advirtió sobre otro peligro: la facilidad con la que las estructuras burocráticas pueden transformar la obediencia en virtud y la responsabilidad en una formalidad vacía. Cuando las personas dejan de preguntarse por las consecuencias de sus actos y se limitan a cumplir procedimientos, la violencia deja de percibirse como violencia y pasa a confundirse con el funcionamiento normal de las instituciones.

Allí aparece una de las cuestiones más preocupantes.

Porque el problema no reside únicamente en la existencia de una norma determinada, sino en la cultura institucional que la sostiene. En la naturalización de prácticas que colocan a la autoridad por encima del ciudadano. En la ausencia de mecanismos efectivos de control. En la idea de que el orden puede justificar cualquier procedimiento.

Detrás de cada discurso que promete seguridad absoluta suele esconderse una pregunta incómoda: ¿cuánta libertad estamos dispuestos a ceder para obtenerla?

La historia demuestra que las respuestas simples a problemas complejos casi siempre terminan ampliando el poder de quienes controlan.

Por eso resulta necesario mirar estas cuestiones no solamente desde el derecho, sino también desde la filosofía, la memoria y la ética. Porque pensar sigue siendo una forma de resistencia frente a aquello que pretende presentarse como inevitable.

Tal vez el desafío consista en aprender a reconocer esos ecos antes de que se conviertan definitivamente en costumbre.

Las formas más persistentes del poder no suelen aparecer mediante grandes gestos espectaculares. Sobreviven en pequeñas prácticas que dejamos de cuestionar, en procedimientos que aceptamos por rutina y en silencios que terminan formando parte del paisaje.

La democracia no se fortalece únicamente cuando recuerda su pasado.

También se fortalece cuando es capaz de revisar críticamente aquello que todavía conserva de él.

Porque las sombras más difíciles de combatir no son las que vienen desde afuera.

Son las que continúan viviendo entre nosotros sin que las veamos.