Por Enrico Colombres.
“Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige.”
Séneca, Cartas a Lucilio, carta 71.
Hay semanas en las que un país no cae de golpe, ni por una invasión, ni por una catástrofe súbita, sino por acumulación en la perdida de los valores morales. Cae también porque cada hecho aislado parece apenas un escándalo más, una noticia más, una indignación de sobremesa más, hasta que el conjunto revela algo mucho más grave, una administración que ya no siente necesidad de disimular. La presunta salida del ex vocero presidencial, o las presiones para que deje el cargo, no aparecen como un problema institucional en sí mismo, sino como síntoma de un poder que administra la crisis como si la crisis fuera su estado natural, la misma suerte que los DNU. No se explica, no se repara, no se rinde cuenta, se resiste. Y mientras tanto, la maquinaria sigue.
En esa misma secuencia aparece el desmantelamiento de una biblioteca dentro de Casa Rosada. Tal vez alguien dirá que son muebles, cajas, expedientes, bibliografía trasladada de un área a otra. Pero en política los símbolos importan, y cuando desde la sede del Poder Ejecutivo se desmonta un espacio de libros en medio de un clima de desprecio por la memoria, por la cultura, por el pensamiento crítico y por toda forma de institucionalidad que no sea obediencia, el gesto deja de ser administrativo. Es pedagógico. Dice algo. Dice que el poder ya no quiere ni siquiera convivir con la idea de archivo, de historia, de continuidad pública. La biblioteca molesta porque recuerda que el Estado no empezó ayer, que la Nación no es una empresa en liquidación, que gobernar no es destruir todo lo anterior para vender los escombros como modernización.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados viaja oficialmente a Israel, en una agenda presentada como fortalecimiento de vínculos institucionales, políticos y parlamentarios. Al mismo tiempo, se oficializan acuerdos administrativos que reconocen beneficios previsionales y de seguridad social para ciudadanos israelíes residentes bajo determinadas condiciones jurídicas. En abstracto, la cooperación internacional no es objetable; los convenios bilaterales son parte normal de cualquier Estado. El problema es el contexto, la orientación y la obscenidad del contraste. En un país donde jubilados argentinos son empujados a elegir entre remedios y comida, donde se desfinancian áreas sensibles, donde se naturaliza el ajuste como castigo colectivo, el gobierno decide exhibir con entusiasmo una política exterior de alineamiento casi devocional con una potencia extranjera en medio de una tragedia humanitaria intolerable en Palestina.
Porque hay que decirlo sin anestesia, la situación del pueblo palestino no puede seguir tratándose como un daño colateral de la geopolítica. Las denuncias internacionales sobre detenciones, maltratos, torturas, desplazamientos, hambre, muerte de niños y destrucción sistemática de condiciones de vida no son un detalle incómodo que se barre debajo de la alfombra diplomática. Son la medida exacta de la deshumanización contemporánea. Niños palestinos detenidos, generaciones enteras quebradas, familias destruidas, hospitales arrasados, hambre administrada, cuerpos reducidos a estadísticas. Y frente a eso, la pregunta no es solamente qué hace Israel. La pregunta también es qué hacen los Estados que lo respaldan, qué hacen los organismos internacionales que declaman derechos humanos, qué hace la ONU cuando el derecho internacional parece transformarse en una ceremonia vacía, útil para condenar a los débiles e inútil para limitar a los poderosos.
La Argentina, que debería sostener una tradición soberana, humanista, equilibrada, latinoamericana y respetuosa del derecho internacional, aparece cada vez más subordinada a una diplomacia de adhesión. No se trata de antisemitismo, ni de negar la existencia de Israel, ni de justificar ningún crimen cometido por actores armados palestinos. Se trata de algo más básico, ningún Estado puede presentarse como aliado incondicional de otro Estado cuando ese otro Estado está denunciado por gravísimas violaciones a los derechos humanos. La amistad entre pueblos no puede implicar silencio frente al sufrimiento de los niños. La cooperación internacional no puede convertirse en complicidad moral. La política exterior no puede reducirse a una selfie ideológica.
En paralelo, se publica una ley que habilita durante 360 días la regularización de armas de fuego no registradas o con registración irregular, con exención de sanciones penales y administrativas bajo ciertas condiciones. Sus defensores dirán que busca sacar armas de la clandestinidad y fortalecer el control estatal. Puede ser. Pero en una sociedad rota, con discursos oficiales que exaltan la violencia simbólica, con un Estado que se retira de los lugares donde debería cuidar y aparece donde debería abstenerse, toda política sobre armas exige una prudencia extrema. La pregunta no es sólo cuántas armas se registran. La pregunta es qué cultura política se está alimentando. Porque cuando el poder desmantela derechos, desprecia consensos básicos y convierte la crueldad en método, regularizar armas sin reconstruir tejido social puede parecer más una rendición que una política pública.
También aparece el freno judicial a la privatización de AySA, una empresa vinculada al agua potable, al saneamiento, al ambiente y a la vida cotidiana de millones. Allí, al menos por ahora, la Justicia puso un límite. Y ese límite es importante porque el agua no es una mercancía cualquiera. Privatizar el agua no es vender una oficina, una marca o una flota de autos oficiales. Es entregar una condición material de existencia. Es poner bajo lógica de rentabilidad un derecho humano elemental. La cautelar que detuvo el proceso recuerda algo que el gobierno parece empeñado en olvidar, no todo lo público es ineficiente, no todo lo privado es virtuoso, no todo activo estatal es botín, no todo derecho puede ser convertido en unidad de negocio.
El panorama internacional tampoco ofrece consuelo. La caída del petróleo, asociada a movimientos geopolíticos en Medio Oriente, muestra otra vez que el mundo no se ordena por principios sino por intereses. Los mercados respiran cuando baja el crudo, aunque alrededor haya guerra, amenaza nuclear, desplazamientos humanos y ciudades destruidas. El precio del barril se vuelve más urgente que el precio de una vida. La civilización contemporánea parece capaz de medir con precisión el impacto de un estrecho marítimo sobre los futuros energéticos, pero incapaz de detener el sufrimiento de un niño en una cárcel, bajo escombros o en una fila de comida.
Y entonces queda una pregunta para la argentina, la más dolorosa, ¿por qué todo sigue como si nada? ¿Por qué se tolera? ¿Por qué cada semana trae una cosa peor que la anterior y aun así el país continúa indiferente? Tal vez porque el daño se dosifica. Tal vez porque el escándalo permanente anestesia. Tal vez porque una parte de la sociedad sólo reacciona cuando el golpe le toca el bolsillo de manera brutal, cuando aparece un corralito, una confiscación, una caída abrupta, una herida económica imposible de negar. Mientras el dolor sea ajeno, mientras el ajuste caiga sobre jubilados, discapacitados, trabajadores informales, palestinos, bibliotecas, empresas públicas o símbolos nacionales, siempre habrá alguien dispuesto a decir que no es para tanto.
Ese es el verdadero triunfo del poder, no convencer, sino cansar; no gobernar para el bien común, sino lograr que el abandono del bien común parezca normal. Si mañana un decreto reinstalara una práctica medieval como la prima nocte, quizás habría memes, paneles de televisión, indignación de veinticuatro horas y resignación, después otra noticia ocuparía el lugar. Esa es la tragedia, no que el poder avance, sino que la sociedad haya perdido el reflejo de detenerlo. Un país no se entrega sólo cuando firma convenios, privatiza empresas o alinea su política exterior con intereses ajenos. Se entrega antes, cuando deja de sentir vergüenza. Cuando la traición a la patria deja de sonar como una acusación desmesurada y empieza a parecer una descripción política. Cuando la soberanía se vende en cuotas y el pueblo mira, cansado, distraído, esperando que el próximo golpe no le toque a él. Pero siempre nos toca. Tarde o temprano, siempre nos cagan.