Por Marcelo Velasco.

«La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.» Paulo Freire

Hay una escena que se repite cada tanto en el país y que, sin embargo, nunca deja de incomodar: escuelas cerradas, gremios en la calle, familias reorganizando la semana y una discusión pública que vuelve a ordenarse en dos bandos. De un lado, quienes ven el paro docente como un abuso corporativo; del otro, quienes lo leen como el último bastión de defensa de un sistema que se desfinancia. El problema es que, mientras discutimos el conflicto inmediato, dejamos en segundo plano la pregunta más importante: qué lugar ocupa realmente la educación en el proyecto de país que decimos querer construir.

Ese conflicto no es nuevo: cada regreso de las vacaciones de invierno trae, con puntualidad de calendario, la misma discusión sobre paritaria docente, financiamiento educativo y pérdida de poder adquisitivo salarial. Cambian los nombres de los gremios y de los funcionarios de turno; permanece la pregunta de fondo, que rara vez se formula con claridad: si la educación es, como dice la ley, una herramienta real de transformación en un Estado de derecho, ¿por qué su discusión institucional se reduce casi siempre a un problema de caja y no se asume como un problema de Estado?

La preocupación diaria por la inflación, la inseguridad y las próximas elecciones desplaza a la educación del centro de la conversación pública. No abre los noticieros, no domina las redes sociales y rara vez se convierte en prioridad política. En parte, porque no promete resultados inmediatos; en parte, porque no genera likes, no es trending topic y no se viraliza. Esa ausencia, quizá más que cualquier otro indicador, dice mucho sobre el país que estamos construyendo.

Resulta paradójico: vivimos obsesionados con resolver las consecuencias de nuestros problemas, pero hemos relegado la discusión sobre aquello que más influye en su origen. Debatimos cómo combatir el delito, pero hablamos poco de cómo formar ciudadanos. Discutimos cómo reactivar la economía, pero casi nunca cómo preparar a quienes deberán sostenerla. Exigimos mejores instituciones mientras descuidamos el lugar donde se forman las personas llamadas a integrarlas.

La educación dejó de ser una política de Estado para convertirse, demasiadas veces, en un tema administrativo. La medimos en días de clase, porcentajes de aprobación, presupuestos o conflictos salariales. Todos son asuntos relevantes, pero ninguno responde la pregunta esencial: ¿qué ciudadanos queremos formar?

Porque esa es, en definitiva, la verdadera finalidad de la educación.

Siempre decimos que el Estado de Derecho se sostiene sobre la Constitución, la división de poderes, la independencia judicial o el respeto por las leyes. Es cierto. Pero esas instituciones, por sí solas, no garantizan una sociedad libre. Las normas no se aplican en el vacío. Son las personas quienes las interpretan, las respetan, las controlan o las vulneran. Por eso existe una verdad que suele pasar inadvertida: el Estado de Derecho necesita ciudadanos antes que leyes nuevas o códigos reformados.

Necesita personas capaces de comprender el valor de las instituciones, de ejercer sus derechos con responsabilidad, de aceptar límites al propio poder y de reconocer que convivir implica respetar reglas incluso cuando no nos benefician. Ninguna democracia puede sostenerse durante mucho tiempo si quienes la integran carecen de esas herramientas. Porque las constituciones organizan el poder, pero la educación forma a quienes deberán ejercerlo, limitarlo y controlarlo.

Por eso reducir el derecho a la educación al simple acceso a una escuela constituye una mirada incompleta. La escolaridad es indispensable, pero no suficiente. El verdadero derecho consiste en recibir una formación que permita desarrollar autonomía intelectual, criterio propio y capacidad para comprender el mundo con espíritu crítico. Educar no debería significar únicamente transmitir conocimientos. Debería significar enseñar a pensar… y pensar nunca fue una tarea sencilla.

Vivimos en una época que recompensa la velocidad más que la reflexión. La opinión inmediata parece valer más que un argumento elaborado. Las redes sociales premian la reacción antes que la comprensión. Todo invita a responder rápidamente y casi nada incentiva a detenerse para formular mejores preguntas. Ese clima cultural también llega al aula.

Esta discusión sobre la finalidad de la educación también obliga a revisar una palabra incómoda: exigencia. Si educar es formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, entonces no alcanza con garantizar permanencia en el sistema; también hace falta defender las condiciones que permiten aprender con profundidad.

Cuando el objetivo principal pasa a ser “aprobar”, el aprendizaje, también pasa a medirse exclusivamente por indicadores cuantitativos y cuando la exigencia comienza a verse como un obstáculo antes que, como una oportunidad de crecimiento, el mensaje que reciben las nuevas generaciones es preocupante: “lo importante es llegar, aunque no importe demasiado el camino recorrido”.

En ese contexto, hablar de mérito suele despertar desconfianza. Para algunos, representa un privilegio disfrazado; para otros, una explicación simplista del éxito individual. Ambas miradas resultan insuficientes y dejan el concepto atrapado entre caricaturas ideológicas que le restan importancia.

El mérito no debería entenderse como la celebración de quien partió con ventajas y mucho menos como una justificación de las desigualdades. Su verdadero sentido es otro: reconocer que el conocimiento, las habilidades y la autonomía personal requieren esfuerzo, constancia y compromiso.

Aprender demanda tiempo. Pensar exige disciplina y comprender implica aceptar la posibilidad de equivocarse. Nada de eso debería avergonzarnos.

Una educación que elimina toda exigencia con la intención de evitar frustraciones puede terminar generando una frustración mucho mayor: la de formar personas que nunca descubran de qué son capaces cuando alguien confía en ellas y les propone desafíos.

La igualdad de oportunidades nunca consistió en garantizar idénticos resultados. Consiste en ofrecer a cada persona la posibilidad real de desarrollar al máximo sus capacidades. Renunciar a la excelencia en nombre de una igualdad mal entendida no hace más justa a una sociedad: simplemente la vuelve menos exigente consigo misma.

Mientras discutimos programas educativos, reformas curriculares o estadísticas de rendimiento, solemos olvidar a quien sostiene, día tras día, la tarea más decisiva del sistema: el docente. Ninguna transformación educativa puede pensarse seriamente sin atender al lugar que ocupa, a las condiciones en que trabaja y al reconocimiento social que recibe.

Durante siglos, enseñar significó transmitir conocimientos. Hoy esa misión permanece, pero ya no alcanza.

El docente del siglo XXI convive con alumnos que reciben estímulos permanentes, con tecnologías capaces de ofrecer respuestas instantáneas, con un volumen de información inabarcable y con una cultura que muchas veces confunde entretenimiento con aprendizaje.

Su desafío ya no consiste únicamente en explicar un contenido. Debe despertar curiosidad en un contexto dominado por la distracción. Debe enseñar a distinguir información de conocimiento, opinión de argumento, evidencia de prejuicio.

Debe ayudar a construir criterio en una época donde abundan las certezas rápidas y escasean las preguntas profundas.

Y todo ello mientras enfrenta una pérdida progresiva de reconocimiento social y una creciente exigencia de resultados inmediatos.

Paradójicamente, les pedimos a los docentes que formen ciudadanos críticos en una sociedad que muchas veces ha dejado de valorar el pensamiento crítico.

Quizá por eso la educación haya desaparecido del centro del debate público. Sus resultados no se ven en una encuesta del mes siguiente ni en el próximo índice económico. Sus frutos requieren tiempo, continuidad y una mirada que trascienda los calendarios electorales.

Sin embargo, precisamente por eso debería ocupar un lugar privilegiado entre nuestras prioridades.

Toda sociedad decide, consciente o inconscientemente, qué futuro está dispuesta a construir. Lo hace a través de sus presupuestos, de sus políticas públicas, pero también mediante las conversaciones que considera importantes.

Cuando la educación deja de ser una de esas conversaciones, el problema ya no pertenece exclusivamente a las escuelas. Nos pertenece a todos.

Porque allí donde deja de cultivarse el pensamiento crítico florecen con mayor facilidad la manipulación, los prejuicios, las consignas vacías y las respuestas simples para problemas complejos.

Quizá esa sea la enseñanza más importante.

El Estado de Derecho no comienza cuando un juez dicta una sentencia. Tampoco cuando un legislador sanciona una ley o cuando una Constitución reconoce un derecho…comienza mucho antes.

Comienza el día en que un docente logra que un alumno descubra el valor de una buena pregunta. Comienza cuando aprender deja de ser un trámite para aprobar un examen y se convierte en un ejercicio de libertad. Comienza cuando una sociedad entiende que educar no es preparar mano de obra ni producir estadísticas favorables, sino formar personas capaces de pensar por sí mismas. Comienza cuando entendemos la frase inicial de Fraire «La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.»

Porque las leyes pueden proteger una democracia. Pero solo la educación puede formar a quienes sabrán defenderla.