Por Martín Delacroix.

«La libertad es siempre y exclusivamente libertad para quien piensa de manera diferente».
—Rosa Luxemburgo, La Revolución rusa (1918).

Antes de escuchar lo que pensás, necesitan saber dónde ubicarte. La conversación puede comenzar con un salario, una universidad o una decisión del Gobierno. A los pocos minutos ya están revisando tus credenciales. Una observación alcanza para convertirte en libertario. La siguiente puede graduarte de comunista. El argumento todavía está tratando de entrar.

La etiqueta tiene una ventaja extraordinaria: permite responder sin escuchar. Una vez identificado el supuesto bando, todo lo demás viene incluido. Se te adjudican opiniones que nunca expresaste, dirigentes que nunca defendiste y contradicciones de las que deberás hacerte cargo. Dijiste que una medida podía tener sentido. Ahora explicá por qué apoyás cada cosa que hizo ese gobierno desde que asumió.

El procedimiento funciona también en sentido inverso. Cuestionás una decisión y aparece alguien dispuesto a entregarte el prontuario completo de la oposición. Tu observación sobre el presente queda pendiente mientras rendís examen sobre los últimos cuarenta años.

Cada frase empieza a valer menos por lo que dice que por el lugar al que supuestamente pertenece.

Las diferencias políticas importan. Hay intereses enfrentados, proyectos incompatibles y decisiones que distribuyen beneficios y perjuicios. El conflicto atraviesa la democracia porque vivimos juntos sin querer exactamente lo mismo. Pretender resolverlo mediante buenos modales sería una forma cómoda de dejar intactas las relaciones de poder.

La exaltación de la lógica amigo-enemigo agrega otra exigencia: convierte cada desacuerdo en una prueba de pertenencia. Defender una posición resulta insuficiente. Hay que demostrar que uno sabe a quién debe odiar.

El enemigo se vuelve indispensable para sostener la propia identidad. Sus errores nos confirman, sus aciertos nos incomodan y cualquier reconocimiento parece una concesión peligrosa. Podemos advertir que dijo algo razonable. Lo difícil es admitirlo delante de los nuestros.

Porque los nuestros también vigilan.

Una parte del condicionamiento aparece ahí, en el costo de desviarse del libreto compartido. Hay críticas que se toleran si permanecen en privado. Dichas en público, pasan a ser funcionales al enemigo. Siempre existe una urgencia superior que aconseja esperar. Nunca es el momento de señalar ese problema. Siempre hay alguien peor que podría aprovecharlo.

La lealtad empieza a medirse por la capacidad de callar a tiempo.

Entonces aprendemos a hablar con precauciones. Antes de formular una idea, aclaramos nuestras intenciones. Dejamos constancia de que no defendemos a tal dirigente, que tampoco justificamos al anterior y que conocemos los antecedentes. Nuestra trayectoria ideológica debe superar una inspección antes de que podamos opinar sobre una factura de luz.

Esa aduana de la palabra termina modificando el pensamiento. Uno anticipa la clasificación que recibirá. Descarta una observación porque puede ser malinterpretada. Suaviza otra para evitar una discusión interminable. Conserva una duda en privado mientras repite en público una certeza que ya no tiene.

No hace falta una prohibición formal para estrechar lo decible. A veces alcanza con volver cada intervención una experiencia agotadora.

La autocensura puede comenzar por cansancio. Uno decide que esa discusión no merece arruinar una comida, tensar una relación de trabajo o convertir una reunión de amigos en un tribunal. Callarse alguna vez es una decisión comprensible. El problema aparece cuando esa prudencia se vuelve una condición permanente para convivir.

También existe un placer en la vigilancia. Descubrir una supuesta contradicción ajena produce una satisfacción rápida. Un recorte, una frase fuera de contexto, una asociación conveniente: ya tenemos la evidencia que buscábamos. La conversación se convierte en un expediente cuya sentencia estaba escrita antes de reunir las pruebas.

Las palabras políticas pierden precisión en ese uso. “Libertario” y “comunista” pueden nombrar tradiciones y proyectos que merecen discusión. Arrojadas como etiquetas, sirven para interrumpirla. Importa menos su significado que su capacidad de activar un rechazo.

Terminamos discutiendo con versiones prefabricadas de los demás. Cada interlocutor recibe un personaje que debe representar, aunque nunca haya aceptado el papel. Después lo derrotamos con una facilidad admirable. Sería un triunfo más interesante si hubiera alguien ahí.

La presión tiene, además, consecuencias diferentes según quién la ejerza. Un funcionario, un empleador, un medio de comunicación o alguien con una audiencia enorme disponen de capacidades distintas para clasificar y castigar. La agresión de un desconocido y el señalamiento desde una posición de poder pueden compartir un lenguaje; el daño que producen exige examinarse por separado.

Quien puede afectar un trabajo, una reputación o el acceso a un espacio añade un peso material a la etiqueta. La clasificación se convierte en una advertencia. Lo que está en juego deja de ser solamente la incomodidad de una discusión.

Reivindicar la independencia tampoco concede una posición superior a cualquier compromiso. Hay quienes llaman libertad de pensamiento a la costumbre de no arriesgar nunca un juicio. Examinar una medida exige considerar sus efectos y asumir una posición. Esa responsabilidad incluye reconocer un acierto donde lo haya y señalar un daño aunque lo produzca alguien a quien votamos.

También exige abandonar la fantasía de que pensar por cuenta propia consiste en ubicarse siempre en el medio. Una posición puede ser firme, radical y estar argumentada. La autonomía se juega en las razones que podemos sostener, en nuestra disposición a examinarlas y en el derecho a revisar una conclusión.

Cuando toda revisión se considera una traición, las convicciones se convierten en obligaciones de conducta.

La democracia necesita personas capaces de discutir sin que cada diferencia ponga en duda el derecho del otro a participar. Requiere poder enfrentar un argumento sin transformar a quien lo expresa en una amenaza que debe ser expulsada. El adversario tiene que conservar un lugar incluso cuando nos resulta insoportable lo que defiende.

Se puede defender una universidad y discutir cómo funciona. Reclamar equilibrio fiscal y examinar sobre quién recae el ajuste. Rechazar una política del Gobierno sin aceptar por eso cualquier alternativa. Esas posiciones requieren argumentos. La clasificación automática ofrece ahorrárselos.

Ahí están su eficacia y su pobreza.

Una idea puede ser injusta, falsa o estar mal construida. Habrá que mostrarlo. Identificar quién podría aplaudirla apenas nos informa sobre sus posibles simpatizantes. Todavía queda pendiente discutir si tiene razón.

Nos exigen que digamos de qué lado estamos antes de dejarnos terminar una frase.

Después llaman debate a escuchar la contraseña.