Por Fabricio Falcucci.

“para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina.

Hay fronteras que dividen países y otras que separan dos maneras de entender el mundo. Ceuta reúne ambas. Es una pequeña ciudad española ubicada en el norte de África. Una porción de Europa rodeada por Marruecos, protegida por vallas, cámaras y puestos de vigilancia. Allí, en apenas unos metros, se enfrentan la desesperación de quienes quieren entrar y el miedo de quienes temen que todo pueda venirse abajo si la puerta se abre.

A finales de julio, decenas de miles de personas cruzaron la frontera marroquí y llegaron a Ceuta. Algunas lo hicieron a pie. Otras intentaron bordear a nado el espigón de El Tarajal. Hubo corridas, ahogados, familias separadas y menores que aparecieron solos en una ciudad desconocida. Las calles se transformaron en dormitorios improvisados. Los centros de acogida quedaron desbordados. Durante unos días, un territorio de poco más de ochenta mil habitantes recibió una cantidad de personas casi equivalente a su propia población.

La dimensión del episodio impide cualquier lectura ingenua. Ningún Estado puede recibir en pocas horas semejante cantidad de personas sin que sus servicios esenciales entren en crisis. España tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras. Europa debe discutir reglas migratorias, mecanismos de cooperación y una distribución razonable de las responsabilidades. Reconocerlo no implica aceptar que quienes cruzaron sean tratados como enemigos.

La primera palabra que apareció fue “invasión”.

No fue una elección inocente. Las palabras preparan el terreno sobre el que después actúa la política. Una invasión supone un ejército, un plan y una voluntad de conquista. Convierte a quien llega en una amenaza y permite dejar de verlo como una persona. Ya no importa de dónde viene, qué perdió ni por qué estuvo dispuesto a arriesgar su vida en el mar. El invasor no tiene una historia. Tiene que ser detenido.

En medio de la nueva crisis volvieron a circular las imágenes de Isabel Peralta frente a la Embajada de Marruecos en Madrid. Peralta es una militante neonazi española que se hizo conocida por sus discursos antisemitas y por su vinculación con organizaciones de extrema derecha. En el video levanta el brazo, realiza el saludo nazi y proclama “muerte al invasor”. La escena no ocurrió ahora, aunque muchas publicaciones la presentaron como una reacción a los acontecimientos recientes. Fue grabada durante la anterior crisis de Ceuta, en mayo de 2021. Por aquellas expresiones, la justicia española la condenó en 2025 por incitación al odio contra inmigrantes marroquíes y musulmanes.

Cinco años después, el mismo video pudo circular como nuevo porque el odio tampoco había cambiado. Conservaba las mismas palabras, los mismos gestos y el mismo enemigo. Solo necesitaba otra crisis para regresar.

El saludo de Peralta puede parecer una provocación marginal. Sería un error reducirlo a la extravagancia de una joven extremista. Los símbolos fascistas no aparecen en el vacío. Prosperan cuando una parte de la sociedad comienza a aceptar que existen vidas menos valiosas y personas cuya sola presencia constituye un peligro. Antes del brazo levantado está la palabra invasor. Antes de la violencia está la decisión de convertir una tragedia humana en una amenaza racial.

En distintos lugares de Europa, el migrante se ha transformado en una explicación disponible para casi todos los problemas. Se lo responsabiliza por la inseguridad, la falta de empleo, la crisis de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos. No importa que esos problemas sean anteriores o respondan a causas mucho más complejas. En tiempos de incertidumbre siempre resulta más sencillo señalar al extranjero que discutir la desigualdad, la precarización laboral o la incapacidad de los gobiernos.

El miedo ofrece respuestas rápidas. También ofrece votos.

Frente a esa Europa que vuelve a levantar muros, la tradición constitucional argentina conserva una frase que hoy suena casi revolucionaria. El Preámbulo de nuestra Constitución declara que sus propósitos se establecen “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

No dice para quienes compartan nuestra sangre, nuestra religión o nuestro apellido. Tampoco exige una identidad previa. La pertenencia comienza con una decisión. Querer habitar.

La invitación no quedó limitada al Preámbulo. El artículo 20 reconoció a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos. Les permitió trabajar, ejercer su profesión, poseer bienes, practicar libremente su culto y formar una familia conforme a las leyes. El artículo 25 encomendó al Gobierno federal fomentar la inmigración. La Argentina del siglo XIX no se pensó como una nación terminada que debía protegerse de quienes llegaban. Se imaginó como un país que todavía estaba por construirse y necesitaba de ellos.

La promesa tuvo límites. El propio artículo 25 privilegió expresamente la inmigración europea. Los pueblos originarios quedaron fuera de aquel proyecto y fueron perseguidos por el Estado que se presentaba como generoso con el extranjero. Tampoco todos los inmigrantes recibieron el mismo trato. Hubo conventillos, explotación laboral, discriminación y persecución política. La Ley de Residencia de 1902 permitió expulsar extranjeros considerados peligrosos. La Semana Trágica mostró hasta dónde podían llegar el antisemitismo y la violencia contra quienes habían llegado buscando refugio.

La Argentina nunca fue una tierra sin xenofobia. Sin embargo, incluso atravesada por sus contradicciones, construyó una identidad en la que ser hijo o nieto de inmigrantes dejó de ser una excepción. Italianos, españoles, judíos, sirios, libaneses, armenios, polacos y alemanes formaron parte de las grandes corrientes migratorias. Más tarde llegaron bolivianos, paraguayos, peruanos, chilenos, venezolanos y personas provenientes de otros países latinoamericanos. Cada grupo tuvo que atravesar sus propios prejuicios. Todos terminaron modificando al país que los recibió.

La Argentina no les hizo simplemente un lugar. Está hecha de ellos.

Nuestras ciudades, las comidas familiares, los clubes de barrio, los sindicatos, las universidades y buena parte de nuestras palabras nacieron de esa mezcla. Incluso muchas personas que hoy desconfían de los nuevos migrantes llevan el apellido de alguien que llegó con una valija, escapando del hambre, de una guerra o de la falta de futuro. La distancia entre el inmigrante celebrado y el inmigrante sospechado suele ser apenas el paso de dos o tres generaciones.

La memoria familiar tiende a embellecer el pasado. Convierte al abuelo europeo en un trabajador ejemplar y al migrante actual en una carga. Olvida que aquellos abuelos también fueron acusados de quitar empleos, alterar las costumbres, ocupar viviendas y traer ideas peligrosas. El prejuicio cambia de nacionalidad, pero conserva su estructura. Ayer fueron los italianos pobres, los anarquistas o los judíos. Hoy pueden ser los bolivianos, los senegaleses o los venezolanos.

La generosidad constitucional argentina no obliga a desconocer los problemas vinculados con la migración. Una política humanitaria necesita controles, documentación y capacidad estatal. Abrir las puertas no significa renunciar a las reglas. Significa recordar que las reglas existen para organizar la convivencia y no para negar la humanidad de quienes llegan.

En Ceuta hay una crisis fronteriza, pero también existe una crisis más profunda. Europa envejece, necesita trabajadores y se enorgullece de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, convierte el Mediterráneo en una enorme barrera y discute cuántos sufrimientos debe soportar una persona antes de merecer protección. El migrante es requerido como mano de obra y rechazado como vecino. Puede limpiar casas, cuidar ancianos o recoger cosechas. Lo que no siempre se le concede es el derecho a pertenecer.

La frase del Preámbulo argentino propone otra respuesta. No promete una convivencia sin conflictos. Afirma algo anterior a cualquier política pública. La nación no pertenece solamente a quienes llegaron primero. También puede ser compartida con quienes decidan construir aquí su vida.

Tal vez esa sea una de las ideas más valiosas que la Argentina todavía puede ofrecerle al mundo. En una época que vuelve a hablar de pureza, fronteras cerradas e invasores, nuestra Constitución recuerda que un país no es una propiedad heredada. Es una tarea común.

Las fronteras pueden ser necesarias. El odio no.

Quizás una nación se defina menos por la firmeza con la que vigila sus límites que por la dignidad con la que trata a quienes llegan hasta ellos. Frente a quienes levantan el brazo para expulsar, todavía podemos responder con aquellas palabras escritas hace más de ciento setenta años. Fueron pensadas para nosotros, pero nunca solamente para nosotros. También para todos los que quieran habitar el suelo argentino.